El intervencionismo público sigue ganando peso en el PIB en detrimento de los sectores más competitivos ante la ausencia de reformas estructurales y liberalizadoras. Las administraciones públicas, ajenas a la libre competencia del mercado y con tasas de productividad muy por debajo respecto a los demás agentes económicos, se han convertido en la segunda actividad de la economía española desde el lado de la oferta, solo por detrás de la hostelería y el comercio. Por si fuera poco, cobra distancia sobre la industria, el sector más competitivo del PIB sobre el que se fundamentan las exportaciones.
La industria se ha convertido en la cenicienta del interés de la clase política a pesar de que el PSOE incluye, en la página 50 de su último programa electoral, la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado para este sector, que se considera clave para una mayor estabilidad laboral y es la única alternativa al cambio de modelo de crecimiento económico anclado ahora a los vaivenes del sector de servicios.
El actual Gobierno ha prometido una nueva Ley de Industria “que adapte el marco regulatorio a los nuevos retos de la digitalización, la descarbonización y que actualice la regulación sobre calidad y seguridad industrial”. Sin embargo, mientras crece el proteccionismo del sector público, la industria se aleja cada vez más del cumplimiento del objetivo marcado por la UE del 20% del PIB en 2020.
Según los datos de Contabilidad Nacional, el peso de la industria en la economía siguió reduciéndose en 2019. Acabó en el 14,2%, es decir, dos décimas por debajo del registro del año anterior y 1,6 puntos menos de su participación en el PIB (15,8%) en el inicio de la crisis hace 12 años. Esa aportación era, por ejemplo, del 19% en 2000 y llegó a casi el 30% en los años ochenta.
La industria ha perdido unos 20.000 millones de contribución al PIB. En cuanto al empleo, este sector ocupaba en 2007 al 14,2% de la población laboral a tiempo completo. En 2019 sólo llega al 11,7%. Una pérdida de 600.000 asalariados
En términos corrientes, la industria aportó al PIB 177.168 millones de euros el último año, unos 8.000 millones más que en 2007. Pero, en euros constantes sale que la industria ha perdido unos 20.000 millones de contribución al PIB. En cuanto al empleo, si en 2007 este sector ocupaba al 14,2% de la población laboral a tiempo completo (casi 2,8 millones) en 2019 sólo llega al 11,7% (2,1 millones). Esos 2,5 puntos de diferencia suponen una pérdida de más de 600.000 asalariados. La industria manufacturera, la que se dedica sobre todo a la exportación, es la más afectada. Antes de la crisis aportaba al PIB casi el 13% y daba empleo a 2,5 millones de personas y ahora sólo llega al 11% con 1,9 millones de ocupados.
Engorda el sector público
Mientras tanto, el sector público ha aumentado su presencia en la economía nacional. En 2007 representaba el 14,6% del PIB (157.201 millones) y en 2019 se situó en el 16,4% (203.432 millones). El alza es de 2,2 puntos, unos 46.000 millones más en euros corrientes. En cuanto al empleo, y ya que la Contabilidad Nacional computa conjuntamente todos los puestos de las Administraciones, sanidad y educación del país, hace 12 años llegaba al 17,5% (3,6 millones) del mercado laboral total y ahora representa nada menos que el 22,4% (4,1 millones).
El sector público ocupa a uno de cada cinco trabajadores españoles, pero sólo produce el 16,4% del PIB
Es decir, al menos uno de cada cinco trabajadores españoles se encuentra en este sector, pero sólo produce ese 16,4% del PIB. Si lo comparamos con la industria, sale que las Administraciones tienen el doble de empleo, pero sólo generan dos puntos más de PIB. Lo que demuestra la falta de productividad del sector público pese al elevado empleo de que dispone y, curiosamente, la alta inversión tecnológica realizada. Además, las Administraciones necesitan trabajar más de 6,7 millones de horas para generar esa aportación del 16,4% del PIB mientras que la industria realiza 3,9 millones de horas. Es decir, sólo el 58% de las que necesita el sector público para producir ese 14,2% de la economía.
Proteccionismo de las administraciones
El sector público es la actividad que más ha repuntado en la economía nacional. Uno de cada cuatro euros que se producen en el sector de servicios en España corresponde al proteccionismo de las Administraciones Públicas. Su peso en el PIB sólo es superado por la hostelería, el comercio y el transporte (21,6%), actividades también del sector de servicios.
Sin embargo, las tiendas y la restauración aportan cinco puntos más al PIB (unos 65.000 millones) que las Administraciones con poco más de un millón de asalariados. Lo que evidencia una mayor productividad de este grupo respecto al empleo público a pesar de las distintas condiciones laborales. No hay que olvidar que la precariedad, la rotación laboral y en particular los bajos sueldos se concentran en este colectivo de camareros y dependientes mientras que en el sector público abunda el empleo estable y en muchos casos de por vida.
La letra pequeña de los datos de la Contabilidad Nacional confirma además que los servicios se han convertido en el principal motor de la economía. Si en 2007 representaban el 61,3% del PIB, en 2019 se situó en el 67,9%. La hostelería y el comercio han aumentado su peso en casi dos puntos entre estos años, hasta ese 21,6% en 2019 (268.392 millones de euros) y algo similar sucede con las administraciones públicas (16,4%, es decir, 203.432 millones de euros).
En términos de empleo, el sector servicios representa ya nada menos que el 77,5% de los puestos de trabajo de todo el país (casi ocho de cada diez) cuando al inicio de la crisis alcanzaba el 68,1%
La factura se produce en el resto de sectores y actividades. Por ejemplo, reducen su peso las actividades profesionales (-1,6 puntos), las financieras (-0,8%) o el sector de la información y las comunicaciones (-0,3%). La construcción baja su representación, pese al repunte en los últimos años, hasta el 5,8% del PIB frente al 10,5% en 2007 mientras que la industria pasa del 15,8% al 14,2% y la agricultura va del 2,5% al 2,7%. En términos de empleo, el sector servicios representa ya nada menos que el 77,5% de los puestos de trabajo de todo el país (casi ocho de cada diez) cuando al inicio de la crisis alcanzaba el 68,1%. Por actividades, la hostelería y el comercio tienen el 29,1% de los puestos (un punto más que en 2007) pero con casi 200.000 asalariados menos; las Administraciones alcanzan el 22,4% del empleo total frente al 17,5% hace 12 años, pero cuentan con 500.000 empleos más. Por su parte, la construcción ha pasado de tener el 13,7% del empleo total en España al 6,9% en la actualidad (1,4 millones de puestos menos) mientras que la industria reduce el 14,2% de ocupados del 2007 al 11,7% en 2019 (700.000 menos) y la agricultura se mantiene en el 3,8% pero con 80.000 empleos netos menos.
Acelera el consumo
Desde el lado de la demanda se observa que el consumo acelera su peso en la economía. El gasto en consumo final ha pasado de representar el 75,3% del PIB en 2007 al 78,5% en 2019. De ellos, casi 57 puntos corresponden al consumo de los hogares. Por su parte, la inversión, el segundo motor de la demanda interna, ha reducido sensiblemente su peso. Es ahora del 20,9% cuando hace 12 años suponía el 30,4% del PIB. Desciende sobre todo la contribución de la inversión en la construcción (del 20,2% al 10%) aunque también en maquinaria y bienes de equipo (del 7,2% al 6,4%). En cuanto a la demanda externa, mejora su participación en la economía. Si en 2007 era negativa (-5,8%), ahora aporta 2,7 puntos al PIB como consecuencia de la mejora de las exportaciones y también por la reducción de las importaciones ante el descenso de la demanda interna en particular en el último trimestre de 2019.
Todo ello evidencia que la economía necesita un Pacto de Estado urgente que ponga en marcha un nuevo modelo de crecimiento económico, basado en la industria y en las nuevas tecnologías así como con un amplio espectro de reformas estructurales y liberalizadoras que faciliten el libre mercado y la competitividad en detrimento del rancio intervencionismo público.
