Los sindicatos están presionando al nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos para que no sólo derogue la reforma laboral del PP del año 2012, sino que acabe también con la reforma laboral que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 para intentar paliar los primeros estragos de la crisis económica en el empleo.
El partido de Pablo Iglesias, que según parece se quedará a cargo del Ministerio de Trabajo -dirigido por Yolanda Díaz-, ya incluía en su programa su compromiso de "derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis", apuntaba Podemos en su programa.
Acusaba además a ambos Gobiernos de haber redactado esas reformas "al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios".
El PSOE siempre había prometido "derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP" pero nunca había hablado de revertir los cambios que aprobó Zapatero hace una década.
Las reformas de Zapatero
El Gobierno de Zapatero aprobó su primera reforma laboral en el año 2006, con el apoyo de sindicatos y patronal, y su objetivo principal era reducir la temporalidad de los contratos (con medidas como que los temporales que estuvieran más de dos años en el mismo puesto pasarían a ser fijos directamente) y bajar los costes de las empresas (ampliando de dos a cuatro años el periodo en el que las compañías recibían incentivos por contratar y rebajando las cotizaciones sociales, entre otras medidas).
A ese cambio siguió un periodo de dos años de creación de puestos de trabajo en España, pero la crisis financiera de 2008 provocó un shock en el mercado laboral que obligó al Gobierno a aprobar unos retoques en la norma en el año 2009 -por real decreto-ley- y posteriormente a acometer una reforma en 2010.
Los retoques de 2009, a cargo del entonces ministro Celestino Corbacho, que quedarían ahora vigentes en caso de derogarse la reforma de 2010 incluían la reposición del derecho a prorrogar por 120 días más la prestación por desempleo para trabajadores afectados por un ERE cuando pase de temporal a definitivo; bonificación del 100% en la cuota a la Seguridad Social que pagan empresarios que contraten a parados de larga duración; permitir demoras en el pago de cuotas a la Seguridad Social y eliminar el mes de retraso entre el cobro de la prestación por desempleo y el subsidio de paro.
En 2010, ante el drama del empleo, Zapatero aprobó una segunda reforma laboral que facilitaba el despido objetivo y los despidos procedentes (con indemnización de 20 días por año trabajado) a las empresas con pérdidas económicas actuales o previstas; permitía que los contratos temporales pudieran durar 3 años ampliables a otros 12 meses; creaba un fondo de capitalización para financiar los despidos; permitía la reducción de jornada por causas económicas y generalizaba el contrato de fomento del empleo con indemnización de 33 días por año.
Otras medidas fueron la obligación de que los desempleados a los que se les ofreciera hacer un curso de formación tendrían que aceptarlo en el plazo máximo de un mes; se aprobaba el polémico despido por absentismo y los contratos de obra y servicio (con duración máxima de dos años -ampliable en doce meses- y con un aumento de las cotizaciones sociales de dos puntos); consolidaba la vía del "descuelgue" para que las empresas no aplicaran algunas causas pactadas en convenio; aumentaba las bonificaciones a las empresas hasta 1.400 euros durante 3 años por contratar a parados de largo duración.
Presión sindical
Todas esas medidas serán derogadas si Podemos consigue imponer su programa en el Ministerio de Trabajo, tal y como piden los sindicatos.
Fuentes de UGT explican a Vozpópuli que reivindican la "vuelta a la legislación de 2009 y a partir de ahí negociar, dialogar" una nueva legislación adaptada al año 2020.
"Lo que queremos es un nuevo Marco de relaciones laborales más inclusivo y democrático y que tenga en cuenta los cambios en el mercado laboral desde entonces", apunta por su parte CCOO.
Antonio Garamendi, presidente de la patronal, señala por su parte que está dispuesto a dialogar con el Gobierno de este asunto. "Habrá que hablar de la reforma laboral, si es que hay que hacerlo, a ver de qué manera, de la reforma de pensiones, también de impuestos... Habrá que hablar lo que tengamos que hablar", ha señalado este miércoles en una entrevista en TVE.
La CEOE, no obstante, recomienda al presidente recién investido que apruebe medidas que sean "consensuadas" ya que "durarán mucho más y serán más potentes que si se hacen por decreto o de forma unilateral".
