Standard & Poor's (S&P) ha propinado un severo y hasta en cierta medida inesperado golpe a España al rebajar el rating soberano desde A/A-1 a BBB+/A-2, al entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria". En opinión de la agencia, "creemos que, en un entorno de recesión económica, la trayectoria presupuestaria de España probablemente se deteriorará con respecto a nuestras previsiones de enero de 2012", ha explicado en una nota conocida ayer noche.

Según esta agencia de calificación crediticia, las Comunidades Autónomas son las responsables de las "desviaciones presupuestarias" detectadas en 2011. Un asunto que puede tener una importante repercusión, no en vano el Gobierno acaba de aprobar sus Presupuestos en el Congreso con un rechazo frontal absoluto de la cámara (exceptuando el PP, evidentemente), por lo que ha tenido que ejercer su mayoría absoluta y aprobarlos en virtud de su posición de fuerza.

Será necesaria la implementación de mecanismos de vigilancia fiscal a las Comunidades

Debido al rápido aumento de la deuda pública desde 2008, “esperamos que el Gobierno español implementará sostenidos esfuerzos de consolidación fiscal, incluida una fuerte vigilancia fiscal en los gobiernos regionales”. La agencia recomienda a Mariano Rajoy que aborde un "esfuerzo importante" de consolidación fiscal, incluyendo aquí un "marco estricto de control presupuestario" de las CCAA.

Esto acerca aun más la posibilidad de intervención de las Comunidades Autónomas, un asunto espinoso sobre el que desde las filas populares ya han dejado caer algunos globos sonda, mediante declaraciones aparentemente ocasionales e incluso consultas internas. Pero el asunto ya está sobre la mesa desde hace tiempo.

S&P prevé que el déficit de las CCAA estará en el 1,9% del PIB, un 0,5% por encima del 1,5% presupuestado, por lo que este año el Gobierno central "tendrá que demostrar su voluntad de forzar el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios".

Pero la agencia se muestra tajante al afirmar que no cree que el gabinete que preside Rajoy puede complir con los objetivos de déficit. El Gobierno se ha comprometido a cerrar el año con un 5,3%, y un 3% en 2013. S&P duda que se vayan a cumplir en el actual escenario y pronostica un 6,2% este año y un 4,8% el que viene, debido entre otras cosas al escenario de contracción económica.

La nota es un duro golpe para el Ejecutivo, que en días recientes ha visto cómo se reavivaban los ataques contra la deuda, llevando la prima de riesgo por encima de 430 puntos básicos y la rentabilidad de referencia por encima del 6%.

La situación económica hará inevitable que aumente el volumen de deuda neta sobre PIB. Los cálculos de S&P preveían una caída a finales de 2014 de la cota del 70% (concretamente, el 64,6%) pero con la nueva revisión, sitúa la cifra en el 76,6%. Pero aun va más lejos. Añade que si esta previsión sobrepasara el 80% del PIB, aplicaría una nueva rebaja de calificación crediticia. Eso se traduciría en una recesión más profunda de lo previsto en 2012 "como resultado de un comportamiento más negativo de la demanda agregada tanto interna como externa", y con una caída del PIB real de un 4% seguida de una contracción de un 1% en 2013 y de una recuperación más débil en los años sucesivos.

La agencia crediticia añade que, igualmente, podrían rebajar la calificación de España "si el ímpetu reformista del Gobierno se redujera" o "si se aprecia que la posición externa de España empeora o que su competitividad no mejora".

De momento, con la BBB+, España está dos escalones por encima del grado de inversión, es decir, del ‘bono basura’.

También critica a los bancos

Standard & Poors también ha hecho mucho hincapié en el sector financiero, señalando que el Long Term Refinancing Operation (LTRO) ha reducido los riesgos derivados de la refinanción a medio plazo, además de ayudar a que los bancos financiaran al Gobierno con tipos bajos.

Sin embargo, “no contemplamos esta provisión de liquidez como un sustituto de la necesaria reestructuración del sector financiero y el reequilibrio económico”. La entidad calificadora comenta que la estrategia europea para gestionar las crisis de deuda soberana “carece de efectividad” lo que, en el caso español, puede hacer que la situación se deteriore más de lo previsto.

Para evitar esto, deberían implementarse politicas en la Eurozona destinadas a mejorar la confianza inversora y estabilizar los flujos de capital. Entre ellas, apunta una política fiscal común, mecanismos de apoyo a la banca para controlar su exposición a la deuda soberana, una consolidación de la supervisión bancaria o una mayor armonización de las políticas laborales y salariales.

Como único apunte esperanzador, indican que "la economía española se está reequilibrando y las medidas que ha tomado el Gobierno deberían facilitar este proceso". Las exportaciones están reduciendo el déficit por cuenta corriente. Las reformas estructurales “deberían facilitar que volviera el crecimiento económico a largo plazo”.