Alcanzado el ecuador de su programa de ayuda, Irlanda continúa cumpliendo con las condiciones del rescate de la Unión Europea (UE) y del FMI, pero afronta "retos importantes" para mantener el rumbo en un contexto de crecimiento económico más modesto del esperado.

Así lo advirtió hoy la tríada del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al término de la sexta revisión de las medidas adoptadas por el Gobierno de Dublín durante el primer trimestre del año. El certificado de buena salud expedido por la troika sirve, de momento, para despejar las dudas que habían surgido respecto a la capacidad del Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas para alcanzar los objetivos presupuestarios marcados en el rescate, cuantificado en 85.000 millones de euros.

Déficit del 9,4% en 2011

Después de situar el déficit público en el 9,4 % del PIB en 2011, por debajo del límite del 10,6 % fijado, Irlanda tenía previsto el pasado diciembre reducir esa cifra hasta el 8,6 % durante este año, siempre y cuando la economía creciese a un ritmo del 1,3 %. Tanto la troika como el Gobierno reconocen ahora que la economía crecerá solo un 0,5 %, pero mantienen las mismas metas y aseguran que Irlanda no necesitará este año otro ajuste presupuestario o un segundo rescate.

"Las autoridades continúan progresando para devolver la salud al sector financiero irlandés. La confianza de los mercados en la política de Irlanda ha mejorado, lo que ha contribuido a estabilizar los bonos irlandeses, que, no obstante, siguen altos", dijeron hoy los inspectores en un comunicado. La nota también advierte de que "quedan retos importantes pendientes", pues el crecimiento será "modesto" en 2012 y los "beneficios que genera la continua competitividad están limitados por la baja actividad comercial con sus socios".

La troika recordó, además, que la "demanda interna continúa cayendo" y que el sector bancario nacional "afronta condiciones difíciles para acceder a fondos en los mercados". Aún así, el informe de estos organismos es visto por los observadores como un salvavidas para el Gobierno de cara a la celebración el 31 de mayo de un referéndum sobre la ratificación del tratado de la UE sobre disciplina presupuestaria.

No segundo rescate a la vista

Sin un segundo rescate a la vista y sin noticias de nuevas medidas de ajuste, el Ejecutivo puede contrarrestar los argumentos de los detractores del texto comunitario, que dicen que solo servirá para perpetuar las políticas de austeridad en este país en toda la UE. En este sentido, la troika quiso también hoy lanzar otra bombona de oxígeno al Gobierno, al confirmar que ha llegado a un acuerdo con Dublín respecto al destino de los 3.000 millones que generará la venta obligada de bienes estatales.

En torno a un tercio de esa cantidad será usado para financiar políticas de creación de empleo y para estimular la economía, tal y como han reclamado con insistencia los sindicatos irlandeses y los agentes sociales. La siguiente revisión trimestral de la troika está prevista para el próximo julio, después de que el electorado irlandés se haya pronunciado en las urnas sobre el tratado de disciplina fiscal. Será quizás entonces cuando los inspectores endurezcan su discurso y recuerden al Gobierno que es hora de acometer ciertas reformas pendientes incluidas en el programa de ayuda.

Duras reformas

Según las condiciones dictadas por la UE y el FMI, Irlanda todavía debe reducir aún más el tamaño de su funcionariado y rebajar de nuevo los salarios del sector público, así como acometer una dura reforma de su sistema de pensiones e introducir nuevos impuestos indirectos. Son la temidas medidas de austeridad de las que el Ejecutivo no quiere oír hablar de momento, por lo menos hasta después de la consulta popular.

Aún en el caso de que la mayoría del electorado irlandés rechace el tratado, esa decisión no impedirá que entre en vigor, pues solo se precisa el apoyo de doce países de la UE. No obstante, el Ejecutivo de Dublín insiste en que el "no" afectaría a la posición de Irlanda en la zona euro y le impediría, por ejemplo, acceder a los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera en caso de necesidad