Un asunto de tanta trascendencia para los ciudadanos como la subida del recibo de la luz está siendo observado por el PSOE desde la barrera. En el partido se responsabiliza de ello a Alfredo Pérez Rubalcaba por no haber atendido a la oferta que el pasado septiembre le hizo el Gobierno de incorporar hasta tres representantes, vicepresidente incluido, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, el principal partido de la oposición carece ahora de antenas para conocer de verdad lo que se cuece por dentro en el superregulador a la hora de elaborar algo tan importante como el nuevo mecanismo que operará para la fijación de precios en el sector eléctrico.
Es la primera vez que los socialistas carecen de presencia en los organismos reguladores, se quejan muchos de los diputados de su Grupo
Esta es la primera ocasión en que el PSOE carece de presencia en los organismos reguladores y lo está empezando a notar. Al margen de las duras críticas que su diputado José Segura lanzó el pasado jueves contra el equipo económico del Gobierno por su “falta de competencia” en la elaboración de la nueva regulación del sector eléctrico, su partido se ha limitado a pedir la comparecencia del ministro de Industria, José Soria, y del presidente del superregulador, José María Marín. Las vacaciones parlamentarias dan ventajas al Gobierno, tantas que hasta es posible que el nuevo real decreto que recoge las sugerencias de la CNMC sobre fijación de precios no se convalide en el Congreso hasta la segunda quincena de enero, aprovechando el pleno extraordinario en el que comparecerá Mariano Rajoy para informar de la reunión del Consejo Europeo.
En las filas socialistas se sigue sin comprender cómo Rubalcaba ha entrado con el Gobierno en el pacto para la configuración del nuevo Poder Judicial y, en cambio, no ha querido que el PSOE disponga de varios miembros en el consejo de la CNMC. “Es algo absurdo e incomprensible”, se afirma en sus filas, viendo como el partido tiene que lidiar “de oídas” con un escándalo como el de la subida de la luz, de tanta trascendencia política y electoral.
El Gobierno cifra en menos del 1% el impacto sobre el recibo de la luz de los últimos aumentos de costes registrados en el sector eléctrico
Según los datos que se han analizado en el equipo económico del Gobierno, la decisión de no financiar a través de los Presupuestos los 3.600 millones en disputa solo ha supuesto un coste adicional de 280 millones de euros durante los próximos 15 años. Pero el impacto de este incremento de costes del sector en la factura de la electricidad el año que viene supone solo un encarecimiento del recibo de un 0,9%, lejos del 11% salido de la última subasta anulada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Desde el Gobierno se afirma que es “totalmente falso” que la financiación del déficit de tarifa por las empresas haya causado el aumento del precio de la electricidad en la última subasta. Se sospecha que las empresas pueden haber ejercido su oligopolio para distorsionar el precio, contrariadas por la decisión adoptada desde Hacienda de no recurrir a los Presupuestos para financiar el déficit de tarifa. Una sospecha que, según reconocen fuentes gubernamentales, será difícil de demostrar.
En el Gobierno se considera falso que la financiación del déficit de tarifa por las empresas haya causado el aumento del precio de la electricidad en la última subasta
Los costes regulados del sector eléctrico, es decir, los que proceden de la infraestructura para poner la luz a disposición de los consumidores y excluyen la generación, suponen cerca de 20.000 millones de euros anuales. Estos costes se financian con los ingresos de la recaudación de los peajes que se pagan en el recibo de la luz. Para este ejercicio, se había detectado una desviación entre los ingresos de la recaudación de los peajes y los costes regulados del sector de, aproximadamente, 3.600 millones de euros, justo la cantidad que se ha pedido a las compañías que financien.
El Gobierno se enfrentaba a dos opciones: que las eléctricas anticiparan esta cuantía o financiarlo vía Presupuesto. Si hubiera optado por este último camino, el objetivo de déficit estaría en peligro, se frenaría la reducción de la prima de riesgo y, por lo tanto, tendría un alto coste para toda la economía. Además, los recursos que reclama el sector conllevarían un aumento de impuestos, equivalente al aumento del precio de la energía, o bien engordar todavía más la deuda del Estado. Al financiarse este importe por las empresas, son cinco las que adelantan el dinero en un horizonte de devolución de 15 años.
El real decreto donde se recogerán las sugerencias del superregulador no se convalidará en el Congreso de los Diputados hasta la segunda quincena de enero
La agenda para resolver el problema es muy apretada para el superregulador. Antes del viernes tendrá que tener listo un nuevo esquema de fijación de precios para entregárselo al Gobierno y deberá haber concluido la investigación de la evolución de los precios de la electricidad entre el 2 y el 9 de diciembre.
