Aunque la declaración de intereses (renta y bienes patrimoniales) facilitada al Congreso por los diputados no contempla los ingresos reales de los políticos ni de sus líderes, la información sobre la cuota líquida del IRPF permite calcular de forma aproximada las remuneraciones totales percibidas en 2018 independientemente de su situación familiar y personal. Esta cuota se corresponde con el pago final a Hacienda antes de tener en cuenta las retenciones practicadas del ejercicio (más la cifra que sale si la declaración resulta positiva). De esta forma, los políticos pueden consignar su contribución al fisco en un recuadro destacado de dicha declaración pese a no decir cuánto ganan en realidad.
Según estos datos, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue el líder político que más ingresos obtuvo en 2018, ya que ha liquidado a Hacienda 34.709,77 euros de cuota líquida. Pablo Casado, presidente del PP, ha abonado 32.598 euros. Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha satisfecho 31.291,55 euros; Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha contribuido con 30.747,48 euros; y Santiago Abascal, responsable de Vox, ha pagado 13.210 euros.
Con estos datos, y aunque entraña alguna dificultad porque los políticos no tienen que informar de sus sueldos como diputados ni de sus ingresos brutos ajenos al Congreso (sólo los netos), es posible hacer una estimación de sus rentas salariales totales. Según los cálculos de la organización de Técnicos de Hacienda (Gestha) para este diario, los ingresos de los líderes de los principales partidos españoles, salvo el presidente de Vox, se situaron en el entorno de los 100.000 euros e incluso por encima en el caso del actual presidente del Ejecutivo (en 2019 sólo alcanzarán los 83.000 euros brutos).
Pedro Sánchez
Sánchez declara haber percibido como presidente del Gobierno 35.300 euros netos entre junio y diciembre del año pasado, aunque en realidad son 47.097 brutos (con una retención fiscal del 25%) según el Portal de Transparencia del Estado. Del PSOE señala haber cobrado otros 30.261, que se supone que también son netos, es decir, si se correspondieran con una retención por IRPF también del 25% (posiblemente sea inferior) su nómina bruta podría situarse también en el entorno de los 40.000 euros.
A ellos añade más de 13.000 euros de rendimientos del capital inmobiliario, 16.000 más por los derechos de autor de su libro y poco más de 290 euros por rentas de capital. Por tanto, sus ingresos brutos podrían situarse cerca de los 115.000 euros. Según Gestha, su base Imponible general y de ahorro del IRPF, una vez detraídas las cotizaciones y otras reducciones de trabajo personal, se situará en 110.305 euros. Mientras, la base liquidable estaría en 102.305 euros una vez descontada la deducción máxima por su plan de pensiones de 8.000 euros (declara tener un fondo que acumula 104.000 euros).
Sánchez es el único líder político que manifiesta tener un plan de pensiones privado. Por ello, resulta una cuota íntegra general, tras aplicar la tarifa general del impuesto, de 36.006 euros y una del ahorro de unos 55 euros. Si a esa cuota se le resta la máxima desgravación en vivienda (estimada en 1.352 euros), sale esa cuota líquida declarada en el Congreso de 34.709 euros. Lo que significa que Sánchez habría pagado al fisco un 30% del total de sus ingresos. Curiosamente, declara tener acciones en Bolsa por un valor de casi 6.000 euros, facilita la fecha que ha tomado como referencia para calcular su valor, pero no menciona de qué empresas son esas participaciones.
Pablo Casado
Casado por su parte declara unos ingresos del PP de 47.720 euros, pero no aclara qué parte se corresponde a su sueldo de vicesecretario general de Comunicación y de presidente del partido (desde el 25 de julio). Se supone que son también netos. Lo que significa que, con una retención aproximada del 25%, le sale unos rendimientos brutos de más de 60.000 euros. Muy lejos, en todo caso, de los 200.000 euros abonados por el partido a Rajoy en 2011 antes de llegar a La Moncloa.
También señala ganar 1.700 euros de cursos, que, con una retención habitual del 15%, le supone otros 2.000 euros más de ingresos. No informa de su salario como diputado. Según los datos genéricos de ingresos del Congreso de la página web, se habrían situado en unos 40.000 euros. A ello, añade 478 euros por rendimientos mobiliarios. En total, sus ingresos brutos podrían haber alcanzado los 102.000 euros. Según Gestha, su base imponible del IPRF, una vez practicadas las reducciones preceptivas, se habría situado en 94.446 euros y la cuota íntegra general estimada sería de 32.507 euros y de 91 euros la del ahorro.
El resultado sería esos 32.598 euros declarados como rentas en el parlamento. También manifiesta haber comprado una casa en 2015 con un crédito hipotecario, que no es deducible, pero no informan con qué entidad ni las condiciones financieras.
Albert Rivera
Rivera señala haber cobrado de Ciudadanos 48.000 euros en números redondos. Si se trata de ingresos netos, los brutos alcanzarían los 60.000 euros con una retención estimada cercana al 25%. También informa genéricamente haber obtenido 41.376 euros del Congreso de los diputados, aunque no está obligado a declarar sus ingresos como miembro de la Cámara. El partido no ha aclarado el origen de esta cifra, pero podría tratarse de su asignación como diputado más el complemento por la portavocía compartida que ha tenido en la Comisión Constitucional.
Si esta cifra es neta, el salario bruto se situaría sobre los 50.000 euros. Por tanto, sus ingresos salariales brutos estimados se situarán en el entorno de los 110.000. También declara 570 euros de ingresos por rentas de capital. Según Gestha, en la reconstrucción hecha a partir de la cuota líquida hacia arriba, su base imponible del IRPF sería de 93.033 euros mientras que su cuota íntegra alcanzaría los 32.099, y, al aplicarse la deducción máxima en vivienda (tienen dos créditos hipotecarios, peros sólo puede aplicarse el obtenido en 2008 por vivir con una hija menor en Barcelona) salen esos 30.747 euros de cuota líquida que figuran en la declaración de intereses del Congreso.
Pablo Iglesias
Iglesias no declara ingreso alguno como diputado, como permite la norma del Congreso, pero podrían haber superado los 40.000 euros (sin incluir la indemnización no tributable que reciben los diputados para gastos). Informa en la declaración de intereses que ha recibido 46.460 por el desempeño de actividades económicas, pero no manifiesta si se trata de actividades profesionales o empresariales para calcular su hipotética retención ya que se supone que estos ingresos son netos como se les permite declarar a sus señorías. En todo caso, con una retención media del 15%, esos 46.460 euros netos se convertirían en más de 54.000 euros brutos.
Tampoco informa, como hacen otros diputados, de la percepción económica de los trienios que le corresponde como empleado público. Por tanto, sus ingresos brutos se situarían en la frontera de los 100.000 euros. Tras las reducciones establecidas en el IRPF, Gestha estima una base imponible sería de 91.195 euros y una cuota resultante de 31.284 euros que, sumada a la de ahorro (poco más de 7 euros de los 38 declarados como rendimientos de capital), alcanza los 31.291 euros de cuota líquida declarada en el formulario del Congreso.
En todo caso, este resultado es anterior a las aportaciones que posteriormente hacen los miembros de este partido a su grupo políticos. La deducción en vivienda no le es aplicable porque realizó la adquisición en 2018.
Santiago Abascal
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal declara al Congreso haber recibido como “empleado por cuenta ajena, asalariado con cargo de presidente” 55.148 euros. Según los cálculos de Gestha, Abascal habría incluido en esta información su salario bruto ya que su base imponible quedaría en 49.607 euros y la cuota íntegra sería de 13.210, es decir, la misma cantidad declarada. No manifiesta tener inmuebles ni préstamo hipotecario alguno.
El sueldo de los ministros
En cuanto a los ministros en funciones, José Guirao (Cultura) es quien dice haber pagado más al fisco (cuota líquida más resultado positivo de la declaración). Pero esta información corresponde a 2017. Teresa Ribera (Transición Ecológica) señala que su cuota en 2018 ha sido de 34.711 euros, similar a la de Sánchez. Mientras, Luis Planas (Agricultura) informa de 28.204 euros.
Curiosamente, gracias a que los gobiernos españoles no han cambiado la norma, declara haber cobrado una pensión de la UE de casi 5.000 euros en 2018 que es compatible con cualquier percepción pública o privada y que no tributa en España (Soles ya cobró una pensión similar cuando era titular de Economía y Hacienda con Zapatero), lo que reduce la progresividad del pago del impuesto.
Quien menos declara es Fernando Grande Marlasca (Interior) con 7.241 euros de cuota líquida, pero corresponde a 2017. No ha informado de los datos de 2018 porque cuando presentó la declaración de rentas y bines en el Congreso no había realizado la declaración del IRPF de ese año. Por su parte, Reyes Maroto (Industria) manifiesta haber pagado 10.55 en 2018 y Meritxell Batet (Política Territorial) 11.697 euros. Batat, actual presidenta del Congreso, ha enmendado en este mes de junio su anterior declaración (de mayo), sin modificar la cuota líquida anterior, porque se había olvidado de añadir que había percibido 13.200 euros por el arrendamiento de una vivienda.
Los Técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que falta transparencia a las declaraciones de rentas y bienes de los diputados. Estiman que deberían contener, con mayor o menor desglose, la misma información que deba figurar en la declaración del IRPF del Impuesto sobre el Patrimonio aunque no se esté obligado a su presentación. “De esta manera, los ciudadanos podría conocer una imagen fiel de la totalidad de las rentas obtenidas por los diputados y cómo ha variado su patrimonio a lo largo de la legislatura”.
Para esta organización, “el sometimiento a las reglas de estos impuestos aliviaría la ausencia de control parlamentario sobre las declaraciones de bienes presentadas y la no exigencia de responsabilidad en casos de incumplimientos, inexactitudes u omisiones deliberadas, especialmente en aquellas partidas que pudieran llegar a cuestionar la debida imparcialidad de los diputados en su toma de decisiones”.
