El segundo paquete de medidas también incluye un nuevo plan de protección de los consumidores más vulnerables. Según ha podido saber 'Vozpópuli', el Gobierno aprobará un ‘suministro mínimo vital’ para proteger a los hogares de una incurrir en pobreza energética con la crisis actual de la factura de la luz.
Con este suministro mínimo vital, Moncloa pone en marcha una potencia límite para que las familias más necesitadas tengan “unas condiciones mínimas de confort”. Esta potencia límite no podrá ser superada durante un período de cuatro meses y prohibirá que se corte el suministro eléctrico a estos consumidores vulnerables.
Una medida enfocada a los consumidores perceptores del bono social eléctrico. De esta manera, en el período de cuatro meses, enfocado para que el consumidor vulnerable haga frente al pago de su factura de electricidad sin que su suministro se vea interrumpido, el Ejecutivo extiende cuatro meses adicionales, durante los cuales se fijará una potencia tal que garantice unas condiciones mínimas de confort a los hogares acogidos a este 'suministro mínimo vital'.
Este suministro mínimo ya se integraba dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2014. Un plan donde se hacía referencia la necesidad de proteger a los hogares de las consecuencias de la pobreza energética, “garantizando el derecho al suministro eléctrico a todos los consumidores vulnerables a través de un Suministro Mínimo Vital (SMV) que evite la desconexión total de su suministro”.
El Gobierno ataca el corte de suministro
La medida que se tramita a través del mismo real decreto-ley que el ‘hachazo’ a las eléctricas, impide a las compañías iniciar cualquier procedimiento de suspensión de un punto de suministro a un consumidor vulnerable en el periodo durante cual resulte de aplicación el suministro mínimo vital
El Gobierno recurrirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ejecute los cambios normativos para poner en marcha esta medida. Cambios necesarios para que las compañías distribuidoras y comercializadoras puedan adaptar el suministro de un hogar al ‘suministro mínimo vital’.
