En pleno debate sobre el uso que las Corporaciones Locales (ayuntamientos) pueden dar al superávit presupuestario que consiguieron en 2019 y los remanentes que tienen en bancos -en total unos 30.000 millones de euros-, el Gobierno ha decidido que lo utilicen para gestionar la renta mínima.
Los Ayuntamientos llevan tiempo exigiendo a la ministra de Hacienda que les dejen hacer uso de ese dinero, pero esto es algo que no está contemplado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y para lo que no se les había dado permiso. En medio de esta tensión, el Ejecutivo ha aprobado en el real decreto-ley que regula el Ingreso Mínimo Vital que los ayuntamientos sí podrán hacer uso de su superávit presupuestario para asumir los gastos que supondrá en el futuro ocuparse de tramitar la renta mínima.
"Se podrán suscribir convenios con las comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad
social de su territorio, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos", recoge la norma.
Los preceptos de esta Ley son en los que se amparaba la titular de Hacienda para explicar que los ayuntamientos no podían hacer uso de ese dinero, sin embargo ahora ha flexibilizado esta posibilidad para que puedan sufragar el coste de iniciar los procedimientos de solicitud de la renta mínima, de tramitarla, gestionarla y esperar a que la Seguridad Social resuelva.
La FEMP no quería financiar los trámites del IMV
La Federación Española de Municipios y Provincias ha sido una de las voces que más ha insistido al Gobierno para que deje a los ayuntamientos utilizar su superávit.
“Queremos utilizar esos recursos en su totalidad porque son los ahorros de cada municipio y provincia, de los ciudadanos de cada municipio y provincia y han de utilizarse en su ámbito”, pedía su presidente, Abel Caballero. “Planteamos además que se flexibilicen las reglas para que aun cayendo en déficit este año, de forma extraordinaria, no tengamos que hacer un plan económico financiero de resarcimiento”.
Esta Federación pedía también crear tres fondos para las Entidades Locales: uno para la recuperación social y económica, otro para el sostenimiento del transporte público urbano -tras la caída del uso durante el confinamiento- y un tercero para que los ayuntamientos "puedan atender al ingreso mínimo vital".
Sólo les han dejado usar 300 millones de momento
Ninguno de los tres fondos, en su opinión, "deben salir de los recursos de las entidades locales antes mencionados", algo con lo que no parece coincidir el Ejecutivo, que ha decido cargar en su superávit la gestión de la renta mínima.
De momento, el Gobierno sólo habría aprobado en su real decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, y en el real decreto-ley 11/2020 que los ayuntamientos destinen en 2020 hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 para financiar ayudas económicas y prestaciones de servicios sociales de atención primaria y dependencia, pudiendo cada una de las corporaciones que cumplan los requisitos exigidos llegar a gastar un importe máximo del 20% del remanente de tesorería de fin de 2019.
