El problema de los desahucios obligó al Gobierno, en colaboración con la banca, los ayuntamientos y organizaciones sociales, a la creación de un Fondo Social de Vivienda (FSV), en régimen de alquiler a bajos precios, para dar una solución a todas aquellas familias que habían perdido su vivienda por el impago de sus hipotecas. Apenas dos años después de su creación, la operatividad de este instrumento se ha demostrado insuficiente. Apenas están ocupadas el 30% del stock de 5.891 viviendas. Una gran parte de sus inquilinos vuelven a demostrar que esta solución habitacional no funciona si las familias siguen sin recursos económicos. La tasa de mora de estos alquileres sociales, que oscilan entre los 150 a 400 euros mensuales, se eleva hasta el 60%, según los datos que manejan las entidades. Una cifra hasta ahora desconocida.
Hasta la fecha, el FSV ha alquilado un total de 1.767 viviendas. De ellas, 1.060 viviendas se encuentran ya en situación de impago de estos alquileres a menor coste, según las estadísticas de los bancos, ante la falta de recursos económicos por parte de las familias. Una cifra que continuará creciendo si no se soluciona el problema del empleo. "Las familias que entran en este programa gozan de pocos recursos económicos. La entrega de la vivienda viene acompañada de otros gastos que acaban con el escaso presupuesto. Hay que pagar los servicios (luz, agua, gas), comunidad o impuestos... gastos que, en la mayoría de los casos, impiden pagar la mensualidad del alquiler", explican desde varias entidades bancarias.
¿Qué sucede ante este segundo impago? La banca coincide en que no se producen desahucios pese a esta alta tasa de morosidad. Sin embargo, no todas las entidades ofrecen la misma solución para hacer frente a esta deuda que se acumula. Mientras algunos bancos aplazan la cantidad impagada hasta que algún miembro de la unidad familiar logra un empleo, y puede comenzar a hacer frente al pago, otras entidades ofrecen otras vías que prácticamente suponen la condonación de esta deuda.
Los ingresos de la mayoría de casos que son morosos de estos alquileres sociales están muy por debajo del perfil de familias que tienen acceso a estas viviendas sociales. El convenio del FSV establece que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 € conforme al Iprem actual). Además, ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad.
La morosidad de quienes se han acogido a la dación en pago, y se mantienen en sus casas también bajo un alquiler social, se sitúa en el entorno del 40%
Una año después de la puesta en marcha del FSV, en mayo de 2014, se acordó ampliar las circunstancias recogidas inicialmente en el Convenio para facilitar el acceso al Fondo a otras personas o grupos que puedan resultar socialmente vulnerables, como aquellas personas que habiendo sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese culminado con la adjudicación de la vivienda, no hayan llegado a ser efectivamente desalojadas de la misma y deseen seguir ocupándola en régimen de alquiler en las condiciones del convenio. También, para quienes hayan perdido su vivienda como resultado de una dación en pago y que soliciten un alquiler social.
En esta situación, la tasa de mora se reduce considerablemente. Así, la morosidad de quienes se han acogido a la dación en pago se sitúa en el entorno del 40%. "La gente que continúa en su casa, pese a que haya dejado de tener la propiedad, sí está dispuesta a hacer más esfuerzos, a seguir pidiendo dinero a sus familiares, por ejemplo, para evitar tener que salir del que ha sido su domicilio", explican en un par de entidades.
Desde el sector se confirma que se han incrementado las peticiones de dación en pago tras la aprobación, a principios de este año, de la Ley de Segunda Oportunidad que otorga la opción de solicitar esta vía a todas aquellas personas o familias que, tras haber liquidado todos sus bienes, ya no cuenten con más recursos económicos para hacer frente a la deuda con el banco. Rajoy se limitó a explicarlo así en su intervención en el Congreso: "Las familias van a poder a partir de ahora lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos; un procedimiento coordinado, transparente y reglado, que les permitirá negociar de forma unificada y supervisada con sus acreedores. Todas las deudas privadas quedarán exoneradas una vez ejecutadas las garantías".
