Si quedaba alguna duda acerca de dónde quiere poner el nuevo Gobierno su foco en política energética, la elección de Teresa Ribera para dirigir el Ministerio del ramo las ha fulminado de un plumazo. Se trata de una de las personas que más se ha destacado en el estudio y la lucha contra los efectos del cambio climático en el ámbito europeo y podría decirse que incluso mundial, una tarea que ha desarrollado durante casi veinte años, muchos de los cuales desde la Administración Pública.
Madrileña de nacimiento, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales, Ribera es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, aunque desde hace algún tiempo en excedencia. Su interés firme y decidido por el cambio climático data de finales del siglo pasado, cuando ya ocupaba cargos técnicos en los ministerios de Fomento y Medioambiente.
Descubrió entonces "un desafío inmenso", como ha definido en algunas de las múltiples entrevistas que ha concedido desde su actual cometido como directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Institucionales (Iddri), con sede en París. Pero el salto definitivo a la primera línea de este ámbito lo dio tras la victoria del PSOE en las elecciones generales de 2004. Cristina Narbona, actual presidenta del partido y entonces ministra de Medioambiente, situó a Ribera como directora general de la Oficina de Cambio Climático.
A partir de 2008, con la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, el departamento pasó a ser toda una secretaría de Estado y Ribera siguió llevando las riendas, en este caso bajo la dirección de Elena Espinosa, como ministra de Medioambiente, y a partir de 2010 de su sucesora en el cargo, Rosa Aguilar.
Un informe polémico
Precisamente es en este periodo cuando acontece el episodio más difícil en carrera en la Administración. Como secretaria de Estado de Cambio Climático fue la encargada de firmar en 2009 la declaración de impacto ambiental que autorizó el polémico proyecto de almacén de gas Castor, cuya puesta en marcha derivó en más de un centenar de movimientos sísmicos en las proximidades de las costas de Castellón que obligó a detener su actividad y, posteriormente, a que la concesionaria Escal (participada por ACS y la canadiense CLP) devolviera la concesión al Estado a cambio de una indemnización de 1.350 millones de euros.
El asunto motivó que Ribera fuera una de las acusadas por una querella presentada por la Fiscalía de Castellón a los juzgados de Vinaroz por presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medioambiente. La Fiscalía consideró que la declaración de impacto ambiental no fue todo lo incisiva que debiera y que se limitó a incluir los datos facilitados por la concesionaria sobre posibles riesgos sin recurrir a informes y estudios de terceros.
Con el fin del mandato socialista y la llegada del PP al Gobierno, a finales de 2011, Ribera se planteó su futuro fuera de la Administración, incluso dejando a un lado su carrera de funcionaria. Así, se incorporó en 2013 al Iddri, del que un año más tarde fue nombrada directora. Ha sido además miembro de consejos asesores en materia medioambiental como el del World Economic Forum para el cambio climático y el de la iniciativa Momentum for Change de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Ribera es una firme convencida de una apuesta definitiva por las energías renovables en detrimento de las fuentes tradicionales, incluidas las no emisoras, como la nuclear, cuyas inversiones, defiende, deberían haberse destinado a desarrollar tecnologías como la solar.
