Las principales potencias europeas ha decidido romper el Tratado de la Carta de la Energía. El acuerdo que protege tanto a las inversiones energéticas en los 53 estados como a los inversores con sede en estos 53 países vive un momento crítico. España, Polonia, Holanda y Francia han anunciado públicamente su intención de abandonarlo. Alemania y Bélgica no tardarán en unirse a este movimiento. Los grupos de interés afectados por esta rebelión también se han movilizado.
Los inversores contactan estos días con sus asesores legales para entender cómo afecta esta estampida a la estabilidad de su dinero. Según explican fuentes jurídicas, las grandes carteras y firmas extranjeras tocan la puerta de sus despachos de abogados por las dudas que existen por la estabilidad de sus inversiones en tiempos donde la crisis de Ucrania, la inflación y los cambios regulatorios para abordar el corto plazo ya provoca 'miedo' suficiente.
Antes de entrar en detalle, los expertos en legislación energética tranquilizan a sus clientes con un primer mensaje: la retirada del Tratado entra en vigor un año después de la notificación. A partir de ahí, las nuevas inversiones en el país como los inversores de ese país que se retira no estarán protegidas por este tratado. Sin embargo, las inversiones ya realizadas seguirán disfrutando de la protección durante un período de 20 años en virtud de la denominada "disposición de caducidad" del Tratado de la Carta de la Energía.
El Tratado de la Carta de la Energía, en vigor desde hace 34 años, preocupa a aquellos que han invertido en el despliegue de energía renovables, producción con gas, nucleares e, incluso, nuevas tecnologías como hidrógeno verde porque tienen en este acuerdo un escudo para los cambios de opinión de los diferentes gobiernos. La Carta es una vía que permite a los que arriesgan su dinero acudir a tribunales neutros, como son los de arbitraje, para defender sus derechos.
Una 'muerte' anunciada
Este documento que ofrece estabilidad al movimiento de capitales en el sector energéticos data de 1988. Pero hace una década que corre peligro. Rusia abandonó este acuerdo en 2009 y se inició un intento de modernización del Tratado que no fructificaron.
Sin Rusia y los inversores rusos 'fuera de juego' la Carta perdía fuerza. Italia optó por la misma senda en 2015 tras ser, junto a España, uno de los países que más arbitrajes había tenido que abordar y que el texto quedó anticuado con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático. Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA.
España, Francia, Holanda o Polonia han explicado en las últimas semanas que quieren abandonarlo por la ineficacia del mismo en las "preocupaciones ambientales" en las que están instalados. Sus argumentos se basan en que la protección de inversiones del tratado limita la capacidad de los estados para regular la acción climática. Por ejemplo, estos países consideran que no pueden limitar la producción de combustibles fósiles y la generación de energía con este 'antiguo' acuerdo.
Otras vías de protección
"Será crucial que los inversores puedan acogerse a las protecciones para inversionistas contenidas en los tratados bilaterales de inversión (TBI), como una alternativa a la confianza que les generaba el Tratado de la Carta de la Energía", explican los expertos en materia de energía de la firma de abogados británica Ashurst.
"Muchos estados mantienen una amplia red de estos tratados que normalmente incluyen protecciones similares a las contenidas en el tratado, incluida la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores extranjeros, y de no expropiar sus inversiones sin una compensación efectiva", añaden.
Desde Ashurst recuerdan que, por ejemplo, España cuenta con más de 80 tratados bilaterales de inversión y Francia cuenta con más 100. La Unión Europea, por su parte, no ha anunciado su intención de retirarse del Tratado y sigue siendo miembro de este acuerdo por derecho propio.
"Es probable que la idea de Bruselas de imponer topes a los precios de la energía inframarginal y los impuestos extraordinarios a los productores de combustibles fósiles provoquen reclamaciones por parte de los inversores afectados", comentan los abogados de la firma británica. "El grado en que las acciones de los estados miembros podrían generar reclamos contra la UE no está claro y actualmente es el centro de muchos análisis por parte de los estudiosos del derecho internacional", puntualizan.
Otras voces del sector apuntan que la Unión Europea dispone de legislación y tribunales europeos más que suficientes para resolver sus disputas sin necesidad de acudir al Tratado de la Carta de la Energía. Una de las previsiones del sector energético es que, ante tantos encuentros para afrontar la crisis energética tras el envite de Rusia, los países de la Unión Europea abandonen colectivamente el Tratado.
España, el más demandado
Los inversores de este Tratado insisten en que es clave para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. Y España es un claro ejemplo. Desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acordase quitar las primas a las inversiones en energías verdes en 2013, el Estado ha recibido 48 demandas de arbitraje por parte de inversores extranjeros en busca de indemnizaciones que superan los 1.000 millones de euros de forma conjunta. El segundo países con más procesos en Europa de este estilo es Italia con 12.
El actual Gobierno decidió hace tres años tender la mano a estos inversores con una oferta en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.
Este acercamiento no ha funcionado. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez lleva desde entonces buscando los mejores asesores para abordar estos arbitrajes y, ahora, se acoge a motivos 'verdes' para romper este escudo para inversores internacionales.
