El Tribunal de Cuentas apunta determinadas incertidumbres de índole financiera sobre el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, inaugurado ayer martes, tras más de seis años de inactividad.
El organismo advierte sobre la liquidación del contrato de concesión administrativa, posibles contingencias derivadas de una eventual reclamación del lucro cesante, y el pago de expropiaciones pendientes. El tribunal apunta estas incertidumbres en un informe sobre el ejercicio 2016 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobado el pasado día 20 de diciembre.
El nuevo aeródromo de Murcia, conocido como el Aeropuerto de Corvera, que sustituye al de San Javier y que será gestionado por Aena, terminó de construirse en abril de 2012, pero hasta ayer había permanecido inoperativo.
El valor de los activos del aeropuerto, calculado en el año 2015, superaba los 200 millones de euros
Las obras se iniciaron en 2008, y dos años después se paralizaron. El Gobierno murciano tuvo que avalar entonces a la concesionaria, una sociedad liderada por el grupo Sacyr -la empresa Aeromur, que después pasó a llamarse Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia (SCAM)- un crédito de 182,6 millones para su finalización.
El Tribunal de Cuentas recuerda en su informe que el 16 de septiembre de 2013 se resolvió el contrato de
concesión administrativa para la construcción del aeródromo, que había sido adjudicado en abril de 2007 al grupo de Sacyr.
La empresa recurrió dicha decisión, pero en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desestimó tal recurso, declarando que la resolución de la concesión se debió a un incumplimiento "culpable de la mercantil". Finalmente el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo desestimó recurso de casación interpuesto por el grupo privado liderado por Sacyr.
La Administración murciana está calculando el impacto derivado de la no apertura del aeropuerto en términos del PIB turístico y empleo
De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras al Tribunal de Cuentas, "a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas a la SCAM para la remisión de la documentación
correspondiente a la liquidación de las obras, la citada sociedad se negó a aportar la documentación correspondiente, lo que dificultaba la liquidación del contrato (...)", indica el tribunal en su reciente informe.
El pasado mes de febrero la compañía aportó finalmente documentación requerida y, desde entonces, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha realizado valoraciones sobre las inversiones realizadas, las expropiaciones abonadas por la SCAM, y una estimación de las pendientes de pago, así como sobre los gastos originados en trabajos de valoración y peritaje, estudios de viabilidad y gastos de conservación y vigilancia.
También se ha informado que se está trabajando para actualizar el impacto derivado de la no apertura del aeropuerto en términos del PIB turístico y empleo y valorando el coste financiero asociado a las inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma, especialmente en carreteras de acceso al aeropuerto. "A la finalización de la fiscalización en julio de 2018, no habían concluido los trabajos de liquidación del contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto", señala el Tribunal de Cuentas.
Inventario y expropiaciones
A 30 de junio de 2015, según un informe de valoración del inventario emitido por una firma privada
contratada por la Administración murciana, el valor de mercado de los activos del aeropuerto ascendía a 204,3 millones de euros. El tribunal destaca que desde entonces no se han realizado actualizaciones del inventario, pero que está previsto que Aena elabore uno nuevo.
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Sobre las expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción del nuevo aeropuerto, hasta ahora la Comunidad había pagado 22,9 millones de euros, "quedando pendiente de abono las cantidades a las que tienen derecho los expropiados en concepto de intereses de demora derivados del retraso en el pago de las
indemnizaciones".
Además, la SCAM y algunos propietarios expropiados recurrieron las resoluciones de justiprecio emitidas por el jurado Provincial de Expropiación Forzosa, por un importe conjunto de 21,18 millones. Hasta ahora se han dictado autos en los que se declara la inadmisión de los contenciosos interpuestos por la compañía "por falta de legitimidad".
El Tribunal de Cuentas concluye que desde el punto de vista financiero, "se mantiene la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato de concesión administrativa" y también sobre "las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la SCAM". El organismo apunta que, no obstante, "se considera que las posibles reclamaciones que esta presentase no deberían prosperar".
El tribunal añade que sigue "sin conocerse la forma en que se va a instrumentar y asumir, en su caso, por la
Administración Autonómica el pago de las expropiaciones pendientes de pago que correspondía pagar a la SCAM".
