El Tribunal de Cuentas investiga 15 compañías andaluzas que presuntamente cometieron irregularidades en la gestión de ayudas públicas recibidas para efectuar Expedientes de Regulación de Empleo. El organismo analizará de esta forma la contabilidad de las empresas, vinculadas al caso de los ERE de Andalucía.
La investigación del Tribunal de Cuentas se desarrollará de forma paralela al juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla, que previsiblemente se alargará al menos hasta el próximo mes de noviembre. El proceso se inició el pasado mes de diciembre, tras siete años de instrucción, y en el mismo figuran como acusados de presuntos delitos de prevaricación y malversación 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Fiscalía considera que los exaltos cargos de la Junta repartieron más de 800 millones de euros entre los años 2000 y 2010 entre diversas empresas tejiendo una red clientelar que sirvió para mantener al PSOE en el Gobierno de Andalucía, posición que ocupa desde el año 1980.
Una exempleada de una de las empresas investigadas avisó por escrito a José Antonio Griñán de lo que estaba ocurriendo
El Tribunal de Cuentas ha hecho público recientemente que, por providencias del pasado 6 de septiembre, se siguen procedimientos de reintegro, por presuntas irregularidades contables. Las irregularidades están reflejadas en el Informe de Fiscalización aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del 18 de octubre de 2012, sobre Ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, 2001-2010.
Las supuestas irregularidades consisten en la falta de justificación de las cantidades entregadas como ayudas por la Junta de Andalucía, en relación a trabajadores, y también personas ajenas, de las 15 compañías investigadas, que ya se han vinculado al presunto fraude los ERE. Son las siguientes:
- Aglomerados Morell. La compañía de corcho acometió un ERE en 2006 por un traslado de sus instalaciones, incluyendo 24 prejubilaciones; entre los beneficiarios se encontraban dos personas ajenas a la plantilla.
- Grupo Dhul. La empresa de alimentación que perteneció a la familia Ruiz-Mateos recibió una ayuda de la Junta de 10,5 millones de euros, sin que existiera una solicitud formal. Entre los trabajadores que se beneficiaron se encuentran familiares del exsindicalista Juan Lanzas. La compañía se declaró en concurso de acreedores en 2011 con un déficit de más de 600 millones.
- Minas de Ríotinto. La Junta de Andalucía aprobó un ERE en Minas de Riotinto en 2003. Hace dos años un exdiputado de Huelva fue obligado a devolver 143.000 euros percibidos en ese mismo ERE.
- Egmasa. La compañía recibió una ayuda de la Junta de 21,6 millones para aplicar un ERE aprobado en 2003 que afectó a 373 trabajadores.
- Gónzalez Byass. La bodega jerezana recibió ayudas sociolaborales en 2008 por la Junta, que percibieron antiguos trabajadores de la empresa.
- Mercasevilla. El caso Mercasevilla, iniciado por la juez Mercedes Alaya, supone el inicio del que ahora es el caso de los ERE. Varias personas ajenas a la empresa pública -perteneciente a Mercasa- se beneficiaron de ayudas públicas.
- Calderinox. La compañía recibió supuestamente ayudas sociolaborales para extrabajadores y personas ajenas a la empresa se beneficiaron de las mismas.
- Europa Center. La sociedad propietaria del Hotel Cervantes, situado en Torremolinos, Málaga, propiedad también de la familia Ruiz-Mateos, entregó presuntamente ayudas destinadas a un ERE del establecimiento a personas que no trabajaban en el mismo.
- Saldauto Sevilla. La sociedad laboral sevillana acometió un ERE en 2007 y gracias al mismo accedieron a la prejubilación tres personas que no formaban parte de la plantilla.
- Acyco. La empresa recibió en 2003 una ayuda de la Junta de 3,2 millones para un ERE de 161 personas. Seis ex altos cargos de la Junta han sido procesados por malversación y prevaricación junto a responsables de la compañía.
- Almagrera. La Guardia Civil identificó a 1.169 personas que habían recibido algún tipo de ayuda con empresas mineras que formaban la Faja Pirítica de Huelva -Minas de Ríotinto, Minas de Almagrera, Navan Resources, Filon Sur, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa y Minas de la Herrería-.
- Intersur. La compañía acometió un ERE en 2003 de la que se beneficiaron personas que no trabajaban en la misma.
- Matadero de Fuenteobejuna. La empresa cordobesa recibió una ayuda pública de 2,5 millones.
- Río Grande Sevilla. El restaurante sevillano recibió una ayuda pública de 1,3 millones para prejubilar a 13 empleados sin que existiera convenio.
- Surcolor. La empresa recibió una ayuda pública de 2,5 millones para un ERE que afectó a 26 trabajadores. Una exempleada ha declarado que avisó por escrito al expresidente Griñán de lo que estaba ocurriendo.
