Paradojas de la política española: el Gobierno acelera en su viaje peronista ahora que Pablo Iglesias está lejos de La Moncloa. Quién se lo iba a decir al fundador de Podemos, acérrimo admirador del legado en Argentina de los Kirchner. Es Pedro Sánchez -y no el exvicepresidente- quien más está haciendo por convertir a los grandes empresarios en enemigos del pueblo. Quien mejor ha aprendido a usar la reconocible verborrea de esos mandatarios que odian al capital.
El presidente del Gobierno de España, una de las naciones más desarrolladas del planeta, prometió este lunes en la televisión pública “detraer los beneficios de las empresas energéticas” para atajar los precios desorbitados de la luz. Del mensaje de Sánchez asustan tanto el fondo como las formas. Y, sobre todo, la certeza de que España será la gran víctima del bandazo 'kirchneriano'.
La crisis del recibo que está azotando a millones de hogares tiene raíces profundas. Obedece a las particularidades de un mercado energético que acumula demasiados parches, demasiadas reformas y contrarreformas, como viene sucediendo desde hace años con todo lo realmente vital para este país (con la educación a la cabeza).
Ha sido un hecho puntual (el alza desmedida de la cotización del gas y los derechos de emisión) lo que ha ensanchado las grietas perennes de un sector que requiere desde hace tiempo un profundo remozado. Son esas deficiencias las que provocan que la crisis de precios, de origen internacional, esté fustigando más a los consumidores españoles que a la mayoría de los vecinos europeos.
Las eléctricas han cometido errores y han pecado de falta de sensibilidad, pero es ingenuo afirmar que los empresarios son los protagonistas malignos de esta crisis
Ni la solución es sencilla ni existe un sólo responsable del desaguisado. Las eléctricas han cometido errores y han pecado de falta se sensibilidad social en esta y otras crisis anteriores. La Justicia y las autoridades de Competencia determinarán ahora si también han cometido abusos en actuaciones como el polémico vaciado de los pantanos. Y, si los ha habido, deben pagar por ellos. Pero es ingenuo afirmar que los empresarios son los protagonistas malignos de esta crisis. O que los problemas graves que emana el sector en el presente son consecuencia de las reformas heredadas de los gobiernos de PP.
El diagnóstico está claro para muchos expertos, como lo están también las soluciones. Para lograr que hogares, empresas y autónomos paguen menos por el recibo energético es necesaria una reforma profunda y valiente, que llevará tiempo implantar y cuyos efectos no se notarán al instante. La ministra Teresa Ribera ha puesto ya algunas baldosas del largo camino, con medidas como el recorte de los 'beneficios caídos del cielo' (windfall profits) o el controvertido fondo que castigará a las empresas que más contaminan.
Quedan otras acciones por emprender, como la reforma del 'pool' eléctrico y los mecanismos de subastas, cuya complejidad y opacidad siempre han dejado resquicios tentadores para hacer trampas. Sin embargo, como aseguran los economistas de Fedea -lo ha publicado Vozpópuli- el único modo de domar los precios a corto plazo consiste en reducir los “desproporcionados” impuestos que soporta actualmente la factura eléctrica en nuestro país.
España no se puede permitir ahuyentar la inversión, ni sufrir a representantes políticos que venden soluciones simples para problemas muy complejos
El camino fiscal está prácticamente vedado para el Ejecutivo, que necesita urgentemente ingresos para cuadrar los presupuestos. También lo ha publicado este diario: Hacienda tendrá que recaudar 2.000 millones mensuales más en los próximos meses para que le salgan las cuentas a final de año. Este realidad cruda explica por qué Sánchez se limita a tocar sólo algunas de las cargas que soporta el recibo.
La impotencia ante el drama de los precios, la necesidad de seguir alimentado a sus socios de coalición, ha llevado al líder socialista a empujar a España por la pendiente que más asusta a los inversores, a los que se juegan mucho dinero en nuestro país, quienes, por ser empresarios, no son necesariamente malvados por naturaleza. La promesa de “detraer los beneficios de las empresas” lleva implícita una grave amenaza a la seguridad jurídica, a las leyes establecidas, a un marco normativo que siempre debe ser estable en un país que se considera serio.
Tras otra recesión monumental -la segunda en una década- y una pandemia que nos ha arrebatado a decenas de miles de conciudadanos, España no se puede permitir ahuyentar la inversión, ni sufrir a representantes políticos que venden soluciones simples o populistas para problemas que son demasiado serios y complejos.
