El Gobierno no ha tirado la toalla en su voluntad de aprobar un cambio legislativo sobre vivienda y después del fracaso de su primer real decreto sobre alquiler, que fue tumbado por su socio Unidos Podemos, ahora presentará una segunda opción en la que cede respecto a la fijación de precios.
En el primer decreto, que no consiguió la luz verde en el Congreso porque se opuso Podemos, el Ejecutivo no incluía la posibilidad de que se fijaran precios máximos en las zonas del territorio español en que estos estuvieran "tensionados", es decir, donde fueran muy altos.
El Ministerio de Fomento explicaba entonces que esta posibilidad no era viable, ya que no existía en España un índice que recogiera el estado de los precios de los alquileres a nivel nacional, por lo que no era posible determinar en qué momento esos precios eran excesivos.
Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación entre PSOE y Podemos confirman a Vozpópuli que el Gobierno ahora ha cambiado su postura y está "dispuesto a abrirse a la posibilidad de fijar precios máximos".
Esas fuentes no confirman si serán los Ayuntamientos los que tendrán esta potestad de decisión, como planteaba inicialmente la formación morada, o si la competencia recaerá en las Comunidades Autónomas.
A finales de enero, días antes de la tramitación de su primer real decreto, el Gobierno encargó al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se pusiera a trabajar en una estadística sobre los precios de los alquileres, en un gesto simbólico que se interpretó como muestra de su voluntad de legislar sobre los precios a largo plazo y que sentó las bases de un posible cambio normativo que podría aprobarse ahora.
Más deberes para la Diputación Permanente
El cambio de legislación se aprobará por real decreto-ley, previsiblemente este viernes, y posteriormente deberá ser tramitado por la Diputación Permanente -en la que el PSOE y los partidos que le llevaron a Moncloa- cuentan con 33 de los 64 diputados.
Aunque el Ejecutivo cuenta a priori con el apoyo de Podemos -después de salvar la línea roja de los precios-, ahora está acabando de negociar con el PNV y PDeCAT para asegurarse la convalidación del texto, aunque según informa Efe no cree que vaya a haber problemas al respecto.
Este real decreto-ley se sumará así a otros que el Ejecutivo pretende aprobar contrarreloj antes de que acabe la legislatura y que deberán ser aprobados de forma excepcional por la Diputación Permanente durante el periodo de campaña electoral para poder ver la luz.
Entre ellos destaca uno sobre igualdad que también suena para este viernes y otro que presuntamente derogará los aspectos más lesivos de la reforma laboral (y que ha desatado polémica porque no cuenta con el apoyo de la patronal ni de los autónomos).
El Ejecutivo planeaba también aprobar una reforma de pensiones, para asegurar su revalorización de acuerdo al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, pero ahora el Ministerio de Trabajo se ha mostrado escéptico con esos planes y contempla que no salga adelante.
Ante las críticas de otros partidos, que acusan a Sánchez de utilizar con fines electoralistas un órgano diseñado para aprobar medidas de extrema necesidad y urgencia cuanto las cámaras están disueltas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este martes que la Diputación Permanente puede por ley aprobar medidas de contenido económico siempre que sean urgentes, como las que en su opinión quiere sacar adelante el Ejecutivo.
