El taxi amenazó a la Genaralitat con bloquear el Mobile World Congress (MWC), la feria más importante de Cataluña, a finales de febrero si no comenzaba a regular las VTC (vehículos de alquiler con conductor). Y todo apunta que, ante este movimiento, la administración catalana prepara una exigente normativa que, como punto fuerte, exige a los usuarios reservar el servicio de Uber y Cabify con un mínimo de seis horas de antelación.
Una normativa que puede ser definitiva para las VTC en esta comunidad y que genera un gran malestar entre los empresarios del sector. “Nosotros también podemos bloquear Barcelona”, amenaza un importante empresario de este sector. "Parece que el único método que entiende la Generalitat es la amenaza de torpedear el MWC, pues si quieren guerra nosotros también podemos dar guerra y movilizar miles de vehículos en la ciudad", añade.
El empresario explica que no es una posición oficial de todo el sector de las VTC, pero que muchos dueños de flotas están "muy preocupados" por lo que supondrían una medida como la que prepara la Generalitat. "Somos muchos los que nos hemos dejado nuestros ahorros en estas licencias y son muchas las familias de los trabajadores que dependen de este negocio", añade.
El empresario hace énfasis en que Cataluña es la segunda comunidad, después de Madrid, con mayor número de licencias VTC con cerca de 2.350. Sólo en Barcelona se concentran cerca de 2.260, según los datos que facilita el sector. Por su parte, el número de taxis en la comunidad se eleva hasta los 12.519. Una cifra que supone un ratio de cinco taxis por cada VTC, muy lejos del famoso 1/30.
Parece que el único método que entiende la Generalitat es la amenaza de torpedear el MWC, pues si quieren guerra nosotros también podemos dar guerra"
"Tras el decreto del Gobierno, con cuatro años de moratoria, los empresarios entendemos posibles cambios de regulación sobre jornadas laborales o sistemas de operativa. No obstante, la propuesta de que el usuario tenga que solicitar el servicio con seis horas de antelación supondría estrangular el negocio", explica el dueño de cerca de un millar de licencias VTC. "Si la Generalitat pone en marcha esta medida, tras las presión del taxi, no tengas ninguna duda que bloquearemos el MWC y la ciudad de Barcelona", destaca.
Una órdago que, de momento, sólo llega por parte de los empresarios. Este jueves, Unauto, la patronal que representa al 90% de las VTC, realizaba una rueda de prensa en Barcelona para mostrar sus descontento con esta posibilidad y recordar los cerca de 1.000 millones que tendría que pagar la Generalitat en forma de indemnizaciones en el caso de 'estrangular' estas licencias en su territorio.
Un Gobierno dividido
Y, ante las amenazas de ambos bandos, la Generalitat está dividida ante este proyecto de ley. Según apuntan fuentes cercanas a la negociación, el equipo de Economía del Govern de Cataluña es partidario de mantener el escenario de las VTC tal y como están. Por su parte, Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat defienden la puesta en marcha de esta normativa restrictiva con las licencias que usan Uber y Cabify.
"Existe una división entre los representantes de ERC, que son más partidarios de respetar la situación de estas licencias, y una parte del PdeCat, que cuenta una postura que defiende más al sector del taxi, aunque parezca extraño", explican. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, que lidera Ada Colau, mantiene una respaldo firme al sector del taxi y muestran sus iniciativas para regular este sector a través del equipo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Existe una división entre los representantes de ERC, que son más partidarios de respetar la situación de estas licencias, y una parte del PdeCat, que defiende al sector del taxi"
En estos momentos, un equipo técnico de la AMB y de la Generalitat trabajan para ultimar esta normativa. Ambos equipos trabajan para que su ley no pueda ser frenada por la vía jurídica, como ya sucediese el año pasado, y conocer cómo sería el sistema de indemnizaciones.
"El proceso de las VTC en Cataluña se está politizando aún más que el resto de España, con el proceso nacionalista y las trascendentes elecciones locales, y los representantes de ambos bandos juegan esta baza", explican fuentes cercanas a la negociación. Una presión tanto del taxi como de las VTC que puede salir caro a los consumidores.
