La amnistía fiscal enfila su última semana hasta su vencimiento el próximo día 30 y el mismísimo Subdirector general del IRPF del ministerio de Hacienda, Manuel de Miguel, declaró la semana pasada que “ya se puede decir que ha sido un éxito”, destacando que se estaban presentando “masivamente” declaraciones mediante el procedimiento especial o complementario, lo que tenía “bloqueados” a los despachos legales, hasta el punto de que “ya no aceptan más clientes”. Sin embargo, algunos de estos bufetes señalan que “se están acumulando sobre la mesa las de mayor importe”.
La fuente consultada afirma que “hay un proceso de espera hasta el último momento, por si hubiera algún cambio de criterio de última hora”, no en vano “la nueva declaración de bienes en el extranjero, unida a la imprescriptibilidad de las rentas extranjeras, llegaron muy tarde". Ambas cuestiones aprobadas en la reciente ley 7/2012, "han decidido a muchos a dar el paso”.
Así pues “es una incógnita que se alcancen los 2.500 millones de euros presupuestados. Será difícil, pero la cifra final puede estar cerca”. De hecho, si hubiera lógica, “la medida debería ser todo un éxito sin precedentes. La imprescriptibilidad y el intercambio de información entre países causan que los despachos estemos aconsejando de manera masiva regularizar, ya sea mediante la DTE (Declaración Tributaria Especial, es decir, la amnistía) o mediante complementarias”.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en los últimos tiempos confirman que no sólo los despachos legales, sino también los bancos privados están aconsejando en masa la regularización a sus clientes. Consideran que ya se ha acabado la ‘tranquilidad fiscal’ y en cualquier momento puede llegar un serio sobresalto, como ha ocurrido con las cuentas del HSBC, por ejemplo.
También destacan la capacidad de presión de los países. EE UU, por ejemplo, ya amenazó en su momento con expulsar del país a UBS si no le facilitaba información. Todo esto no es más que el inicio de una tendencia clara de los países OCDE por acabar con los territorios opacos y el año que viene, además, la Ley Antifraude comenzará a aplicar enormes sanciones. Por ello, el consejo genérico es la regularización.
Menos dinero recaudado
Algunos despachos alertan, sin embargo, de que es posible que no se recaude tanto, pese a que se declare una elevada cantidad de dinero. Las regularizaciones son complejas y los expertos legales buscan reducir al máximo la factura fiscal, dentro de la voluntad de ponerse a buenas con el fisco.
Así, “será posible que haya un gran importe declarado, pero la recaudación efectiva quede lejos de los 2.500 millones de euros esperados”, aunque, paradójicamente, afloraran más de 25.000 millones de euros. Hay una gran posibilidad de opciones para aligerar las declaraciones, ya que “en los últimos años los mercados han provocado muchas pérdidas, sobre todo en acciones. A muchos clientes les puede resultar más barato efectuar una declaración voluntaria por unos cuantos años y luego realizar una complementaria añadida posterior… hay un universo enorme de opciones, más allá de pagar el 10% sobre precios de compra que establece la DTE”.
Lo que sí parece claro es que los evasores regularizarán de manera masiva, ya que el cerco se cierra. Conforme llegaban las aclaraciones a una medida algo improvisada, han ido apareciendo informaciones que alertaban que la amnistía, como tal, comenzaba a ponerse en marcha después del verano, superando las primeras cifras iniciales, que hicieron temer que esta medida fuera un fracaso.
Existe el temor de que haya cierto colapso a última hora por el aluvión de última hora, aunque desde la Agencia Tributaria insisten en que no hay planteado ningún proceso de prórroga. Eso sí, la ley contempla un periodo de gracia para aquellas declaraciones que se retrasaran levemente por cuestiones técnicas. Quien pueda demostrar que inició el procedimiento en plazo, no tendrá problemas.
