Hacienda está empleando nuevos métodos y, sobre todo, nuevas maneras, para mejorar la lucha contra el fraude, debido a la caída de recaudación, cuyas cifras están en la cota más bajas de los últimos 25 años. En los últimos tiempos se está pudiendo comprobar cómo está apretando las tuercas, con mediáticos asaltos a restaurantes célebres que arrastraban escandalosas deudas con el fisco o la posible publicación de listas de morosos con el erario público, por citar algunos ejemplos que parecen caracterizar a una Hacienda más agresiva que nunca. En lo que va de año, las ‘inspecciones sorpresa’ a particulares han crecido un 80% respecto a 2011. A empresas, supera las 1.600. De ellas, sólo 400 en octubre y con tendencia a subir.

El ministerio fiscal quiere ir por delante de unos evasores que en el pasado han sentido absolutamente cómodos en el impago del IVA o las cotizaciones sociales. En años anteriores, esta circunstancia ‘chirriaba’ menos, pero la caída de recaudación de los meses recientes ha provocado un modo de actuar completamente distinto por parte del ministerio que comanda Cristóbal Montoro.  Pretende, en definitiva, que quien defrade no se sienta tranquilo en ningún momento y que el castigo sea ejemplarizante. Para ello, hay prevista una nueva ley antifraude que entrará en vigor a finales del primer trimestre de 2013, con un fuerte endurecimiento de sanciones. 

De momento, y según fuentes cercanas a la Agencia Tributaria, en lo que va de año se han realizado casi 1.600 inspecciones sorpresa contra empresas en el área de la lucha por mejorar la recaudación, “prácticamente todas con embargos”. De ese total, más de 1.000 se han concentrado en la segunda mitad del año y, en concreto, “casi 400 en el mes de octubre. En la recta final del año esas personaciones se están intensificando aún más.”

Toma la caja y corre

Dichas actuaciones han incluido apariciones por sorpresa de inspectores para practicar embargos de caja en locales de deudores abiertos al público, en horario de apertura del negocio y en este capítulo los grandes protagonistas han sido los “restaurantes, tiendas de lujo, cafeterías y joyerías.” También han tenido lugar “embargos de vehículos históricos de alto valor y vehículos de gran cilindrada.” Estas actuaciones se realizan sobre clientes que no pagan pero que se sospecha que tienen un importante caudal de circulante. 

No sólo las empresas lo tienen complicado. Conforme señalan las fuentes, “a finales de noviembre ya llevábamos 15.700 personaciones, es decir, visitas presenciales, o “peinados”, a contribuyentes, de la Inspección para luchar contra la economía sumergida, un 80% más que en todo 2011.”

Una actuación cada vez más agresiva, pero que ofrece resultados aparentemente, ya que “de las actuaciones que ya se han realizado, en cerca de un 40% se ha detectado “riesgo fiscal”, o sea, que es casi seguro que habrá sanción”.

Tres tipos de medidas

La lucha de la Agencia contra la economía no declarada está articulada en tres áreas: Medidas de Inspección, de Gestión y de Recaudación.

Las actuaciones en Inspección buscan mejorar el control de alquileres en zonas turísticas, como la detección de alquileres fraudulentos de pisos y apartamentos durante los meses de temporada turística. Para esto, se emplean actuaciones masivas, con visitas de agentes tributarios, sobre zonas de localidades tradicionales de vacaciones.

Otra novedad aparece con actuaciones selectivas basadas en la identificación previa de las viviendas a visitar a partir de la información disponible en internet sobre inmuebles ofertados en páginas web para su alquiler. La Agencia Tributaria cruzará datos y los empleará para detectar posibles fraudes. 

Los ‘peinados’ de zonas turísticas comprenden visitas a locales comerciales ubicados en determinados entornos o áreas geográficas que concentran la explotación de actividades lúdicas, principalmente restauración, pero también otros servicios.

Estas actuaciones van dirigidas a detectar situaciones de posible riesgo fiscal y fomentar tanto el cumplimiento voluntario mediante la toma de datos previos a la presentación de declaraciones, como la regularización de situaciones censales incorrectas.

Asimismo, cabe destacar los ‘peinados’ en acontecimientos de relevancia económica y social, como ferias y fiestas, tanto de carácter lúdico como comercial, con el objetivo de efectuar un control adecuado de las obligaciones tributarias de los empresarios que gestionan los distintos “stand” o actividades desarrolladas en estas ferias.

Otras cuestiones relevantes sobre las que se ha intensificado el control son la venta ambulante en mercadillos, con inspecciones en mercadillos fijos con el objetivo fundamental de identificar a los proveedores de mercancías.

También se efectuarán inspecciones a centros que desarrollan actividades de vacaciones (escuelas de buceo, paracaidismo, windsurf, paseos en helicóptero, etc.). discotecas de verano, amarres en puertos deportivos (para saber cuáles son utilizados por sus titulares y cuáles son cedidos a terceros en concepto de arrendamiento), Hoteles y establecimientos de turismo rural, actividades extraescolares (aquí, se pretende tomar de actividades realizadas, bien por la propia entidad, bien por personas vinculadas o no con el colegio).

Control a los 'guiris' que no paguen

En las medidas de gestión, se icrementa el control de extranjeros, aprovechando las mejoras en el intercambio de información tributaria con otros países, para detectar ciudadanos que podrían podrían estar eludiendo el pago de impuestos en España.

También habrá un Plan especial de control de fundaciones mediante el que se analizarán más de 1.000 de fundaciones con visitas presenciales, que posteriormente podrían derivar en el inicio de un procedimiento inspector.

Por otro lado, han tenido lugar personaciones en casos de deudores sin actividad declarada, pero con actividad presunta, de acuerdo con información disponible de la AEAT, de la misma manera que se estrecha el cerco contra deudores que han sido premiados en juegos de lotería .

Y, por supuesto, se intensificarán las peticiones de colaboración a otros países de la UE, en el marco de la asistencia mutua, ante la posible existencia de bienes o derechos embargables.  Esto afecta a más de 660 contribuyentes, con una deuda viva total de más de 720 millones de euros.