4.000 funcionarios en Cataluña se rebelan contra su traspaso a la Generalitat: "Debemos poder elegir"

El preacuerdo entre ERC y el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa ha puesto en el foco a los 4.000 funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que trabajan en Cataluña. Su posible traspaso a la Agencia Tributaria catalana ha disparado las alarmas entre los empleados públicos, que se niegan a formar parte de ella.

"Con el objetivo de implementar este nuevo modelo, es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana sea una prioridad para el próximo Gobierno de la Generalidad de Cataluña con el objetivo de que esta administración alcance plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación y inspección de todos los tributos que se generen en Cataluña", señalan en el acuerdo.

La intención es que la Agencia Tributaria catalana asuma progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña, es decir, que gestione el 100% del IRPF, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades que pagan los catalanes. Y, para ello, "se requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos".

Los funcionarios exigen que sea voluntario

En total, la Agencia Tributaria Estatal tiene en Cataluña unos 4.000 trabajadores, de los que 300 son inspectores de Hacienda (Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado). Éstos últimos han denunciado la "inconstitucionalidad" del preacuerdo y se declaran en rebeldía: "No seremos nunca" parte de esa Agencia catalana, aseguran.

Desde el sindicato CSIF admiten la "preocupación" creciente entre los trabajadores de la Administración General del Estado, que podrían pasar a depender de la Generalitat de Cataluña. "La seguridad jurídica es fundamental, que la trayectoria profesional del trabajador no se vea afectada: antigüedad, salario, derechos adquiridos...", dicen. En el sindicato cuantifican en 1.100 los funcionarios afectados.

En todo caso, los trabajadores piden que su traspaso a la Agencia Tributaria catalana sea voluntario: "Debemos poder elegir". "Si un trabajador no quiere perder la relación con la Administración General del Estado, habrá que sentarnos a negociar alternativas", apuntan fuentes sindicales. Recuerdan, además, el precedente reciente de Rodalies, donde sí ha supuesto un retroceso en determinados derechos adquiridos por los trabajadores.

Cataluña avanza en la Hacienda independiente

Antes del preacuerdo firmado entre ERC y el PSC, que se hizo público este martes, fuentes de la Generalitat en funciones aseguraron a este periódico que la Agencia Tributaria de Cataluña tenía ya "cerca de 1.000 empleados" y se acercaba a unos niveles que le podrían permitir asumir la recaudación del 100% de los impuestos y caminar hacia su independencia.

Las mismas fuentes señalaron que en estos meses se han estado "acelerando convocatorias de plazas" de inspectores, técnicos y gestores tributarios para apuntalar los medios de la Agencia catalana y que sea "creíble" su plan de asumir la gestión tributaria. El pacto de investidura entre el PSOE y Junts del 9 de noviembre ya contemplaba que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos en un modelo como el Cupo.

Se trata del tercer intento de trocear la Agencia Tributaria y crear un Cupo catalán. En 2008 hubo un conato. Asimismo, en pleno desafío del 1-O de 2017, el Govern intentó reclutar inspectores del Estado para las filas de la Agencia Tributaria de Cataluña como paso previo a independizar el organismo, plan que fracasó por inviable -tenía menos medios que ahora- y que el 155 tumbó.

Temor en otros Cuerpos ante las cesiones del Gobierno

En el marco de la autonomía financiera, los funcionarios de otros organismos estatales, como la Inspección de Trabajo, temen que el acuerdo les acabe alcanzando y se amplíe la transferencia a la gestión económica de la Seguridad Social, como se planteó ya en el pacto de investidura entre PSOE y PNV en noviembre del año pasado, en ese caso para el País Vasco.

La Tesorería General de la Seguridad Social actúa como 'caja única' del sistema de la Seguridad Social al recaudar todas las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas y tramitar y abonar las prestaciones a los pensionistas. "No nos gusta, no estamos de acuerdo en ninguno de los casos porque rompe la solidaridad de los españoles", advierten desde el Sindicato de Inspectores Trabajo y Social.

En un comunicado emitido en su día junto con los letrados de la Seguridad Social, apelaban a la "responsabilidad de todos los agentes políticos y sociales para evitar que el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social se condicione a coyunturas políticas concretas alejándose de los principios irrenunciables de caja única e igualdad de todos los ciudadanos españoles".

Acuerdo Erc-psc (1) by grodriguez