El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá ha presentado la propuesta de modificación del actual sistema de cotización de los trabajadores autónomos que lleva en tela de juicio varios decenios. Se trata de un sistema progresivo, con periodo de transición de ocho años, entre 2023 y 2031, que pretende vincular las obligaciones laborales con los ingresos y no con la potencia instalada o los metros cuadrados de los negocios regentados por este colectivo con una fuerza laboral de más de 3,3 millones de personas.
El actual sistema ha demostrado con el paso del tiempo que no funciona correctamente, porque no satisface a ninguno de los protagonistas. Ni a los trabajadores autónomos ni a la Seguridad Social. El problema es que ambas partes tienen razones para el descontento. El 85,7% de los trabajadores autónomos personas físicas cotizan en la actualidad por la base mínima, una cantidad que está lejos de las aspiraciones recaudatorias del Ministerio para sostener el sistema público, porque no cubren las pensiones futuras de este colectivo.
La consecuencia más inmediata de esta desproporción se ve en las pensiones que perciben estos trabajadores. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes al mes de diciembre, el 35,26% de las pensiones de trabajadores autónomos está por debajo de los 650 euros mensuales y el 85,42% (cerca de 1,7 millones) es inferior al actual Salario Mínimo Interprofesional (965 euros mensuales por catorce pagas).
Pero hay otro dato que confirma la difícil relación entre cotización y percepción de pensiones. Mientras en el conjunto del sistema público una de cada cinco pensiones necesita el complemento del Estado para alcanzar el nivel mínimo fijado legalmente, en los trabajadores autónomos esta ayuda se hace necesaria en una de cada tres.
El 85,7% de los autónomos cotizan por la base mínima, una cantidad que está lejos de las aspiraciones recaudatorias del Ministerio, porque no cubren las pensiones futuras de este colectivo
De acuerdo con las últimas cifras pormenorizadas que ha publicado el Ministerio de Trabajo cerradas a 30 de septiembre pasado, de los 3,325 millones de trabajadores incluido en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), el 64,7%, más de 2,15 millones, cotizaban por la base mínima y un 24,6% (816.433) por hasta 1,5 veces esa cantidad. Esta cifra se elevaba hasta el 86,4% en el caso de los cotizantes de entre 16 y 30 años, y al 79,9% en el caso de los de entre 30 y 35 años.
Sólo al final de su carrera laboral varían sus baremos de cotización y se inclinan por tributar por entre la mínima y 1,5 veces su importe un 25,7% de los trabajadores, y por abonar entre dos y tres veces la base mínima un 10,3% del total.
La base mínima de cotización de los trabajadores autónomos ha pasado a ser de 961 euros mensuales en lugar de los 944 euros del pasado año por lo que la cuota a satisfacer a la Seguridad Social ha subido a 294 euros al mes, tras el incremento recogido en los Presupuestos Generales del Estado. La base máxima por la que tributar se ha incrementado desde los 4.070 a los 4.139 euros, por lo que la cuota a satisfacer es de 1.267 euros.
Si en lugar de tomar el número de trabajadores autónomos inscritos en el RETA se toman sólo los trabajadores autónomos personas físicas adscritos a la Seguridad Social (2.032.979), un 85,7% cotiza por la base mínima; un 6,52%, por hasta 1,5 veces el mínimo; un 3,31%, por entre 1,5 y 2 veces esta cantidad; 3,73%, por entre dos y tres veces el mínimo exigido, y apenas un 0,06% por más de tres veces.
Clasificación de los autónomos
El número de trabajadores autónomos se reparte entre personas físicas (60,8%) del total), familiar colaborador (5,82%), socios (15,79%), miembro del órgano de administración de la sociedad (14,43%), familiar de socio (1,64%), religiosos y colegios profesionales, con cifras que no superan los 50.000 afiliados.
De los 2,032 millones, 1,61 millones no tienen asalariados a su cargo y 421.984, sí. El 73,4% de los autónomos se concentra en el sector servicios; el 10,9%, en la agricultura; el 11,5% en la construcción, y el 4,2%, en la industria.
La cotización que se adelanta durante la vida laboral está siempre en relación con la pensión que posteriormente se percibe cuando se alcanza la edad de jubilación. Es ahí donde donde se muestran los efectos de cotizar por bases mínimas en el colectivo de autónomos, que ha sido tradicional en los últimos tiempos.
Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al mes de diciembre pasado, el 85,42 de los trabajadores autónomos (cerca de 1,7 millones de trabajadores de una cifra total de 1.981 millones) percibe una pensión inferior a los 965 euros mensuales, la cifra del último SMI. Un 23,9% cobra menos de 500 euros mensuales, y un 35%, menos de 650 euros. Apenas 19.910 autónomos personas físicas cobran una pensión bruta superior a los 2.000 euros mensuales y solo el 13,46% del total, más de 1.000 euros.
La pensión media del sistema público (incluye jubilación, viudedad, incapacidad permanente…) fue en diciembre pasado de 1.141 euros mensuales, mientras que la pensión media de un trabajador autónomo fue de 716 euros, un 37,2% inferior. Si la comparación se circunscribe a la pensión de jubilación, la media del sistema público fue de 1.342 euros, mientras que la de los autónomos se quedó en 796, euros, un 40,6% inferior. La pensión de viudedad media se situó en 791 euros y en 535 euros en el caso de un autónomo. Para la incapacidad permanente, la retribución fue del 1.014 euros frente a 756 euros de los autónomos, un 25,4% menos.
