El Tribunal de Cuentas considera al exministro José Luis Ábalos como máximo responsable en la primera compra de mascarillas a Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas, el proveedor de mascarillas sobre el que órbita el denominado ‘caso Koldo’. El máximo órgano fiscalizador del sector público asegura en su informe que el ministro ordenó a Puertos del Estado la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a través de esta empresa.
“El Ministro (de Transportes), como autoridad delegada, ordenó la adquisición centralizada de un máximo de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 por parte de Puertos del Estado acogiéndose a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, para su posterior distribución en el ámbito del transporte”, explica en el Informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 27 de octubre de 2022.
“La Orden precisaba que, tras la entrega por el contratista, debía efectuarse un acto formal y positivo de recepción del suministro, no pudiendo ser abonado el precio con anterioridad. El abono correspondía a Puertos del Estado y posteriormente sería compensado por las entidades públicas destinatarias de las mascarillas de protección”, añade el organismo.
El dictamen del Tribunal de Cuentas contradice también la propia versión que ofreció el Ministerio de Transportes el pasado verano cuando se desvinculó por completo de estas contrataciones. Como informó este medio, el departamento respondió al Consejo de Transparencia que ni tramitó el procedimiento de contratación ni recibió ninguna oferta sobre los contratos de mascarillas. De esta forma cumplió con el requerimiento de Transparencia que le obligó a informar sobre estos contratos públicos después de que Adif también se negara, hasta en dos ocasiones, a dar dato alguno sobre los mismos.
Ábalos se desligó
El Ministerio no sólo no cumplió con lo requerido, sino que se desligó de los contratos firmados por Puertos de Estado y Adif por 20 y por 12,5 millones de euros, respectivamente. Según dijo, estos fueron los únicos organismos que declararon procedimientos de contratación para comprar mascarillas en el peor momento de la pandemia. De esta forma, evitaron también tener que informar sobre las ofertas que recibieron entonces para suministrar material sanitario.
Se trata de explicaciones que chocan con el criterio de los investigadores del caso Koldo. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado que instruye estas diligencias, Ismael Moreno, consideran que Transportes fue el Ministerio gracias al cual Soluciones de Gestión entró en la Administración y se hizo con nueve contratos con los que amasó poco más de 54 millones de euros. Al hilo, Anticorrupción expone que la persona que medió entre esta empresa y el Ministerio de Transportes fue Víctor de Aldama.
Este empresario, conocido de José Luis Ábalos, hizo las gestiones para introducir a Soluciones de Gestión en las adjudicaciones a dedo, hasta el punto de que las mismas se fraguaron antes incluso de que se publicitaran oficialmente. Para el magistrado De Aldama actuó como “comisionista” mientras que el exchófer de Ábalos, Koldo García, fue el conseguidor. Este exasesor de Transportes fue el que facilitó a Soluciones de Gestión la información sobre estas adjudicaciones de emergencia que se iban a abrir en el Ministerio “de forma inmediata”.
Por este “concierto previo” al que alude el instructor, Koldo García se llevó jugosas comisiones que habría invertido en el sector inmobiliario. Según la Fiscalía, el que fuera hombre de confianza de Ábalos adquirió tres pisos en Benidorm (uno de los cuáles puso a nombre de su hija menor de edad) valorados en 1,5 millones de euros. También efectuó importantes ingresos en efectivo y guardó parte del dinero en una caja fuerte de cuya existencia estaba al tanto también su mujer. Se trata de Patricia Uriz, también investigada en la causa y que, al igual que Koldo, consiguió un puesto en Transportes durante la etapa de Ábalos.
De Aldama, por su parte, se embolsó 5,5 millones de euros con la operación mientras que Juan Carlos Cueto ingresó hasta 9,6 millones de euros. Este empresario, dueño de un conglomerado de empresas que llevan su nombre, es el verdadero dueño de Soluciones de Gestión. De hecho, para el juez esta firma que se adjudicó los contratos y que pasó de registrar 0 euros a 53 millones en el año de la pandemia, fue una empresa instrumental.
Un 32% en comisiones
Así pues, los tres implicados se repartieron suculentas comisiones que vendrían a representar el 32% de los 54 millones públicos obtenidos.
Se trataría de 17 millones que se repartieron a tres bandas y que suponen más del doble de los 6,7 millones que realmente destinaron para comprar el material sanitario y traerlo a España. Todas estas pesquisas las practicó la Fiscalía Anticorrupción mientras tuvo las diligencias bajo su poder, entre mayo de 2022 y el pasado octubre. En aquel entonces y tras acotar los indicios delictivos contra todos ellos, interpuso querella en la Audiencia Nacional por presunta organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La misma recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que, nada más admitirla a trámite, acordó la intervención de las escuchas de los presuntos cabecillas.
Entre los audios interceptados destaca uno, recogido en un reciente auto del que informó en exclusiva este medio, y en el que Cueto hace alusión a la petición de un favor por parte de Koldo y de “su exjefe”. "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", reza una de las conversaciones.
