El proceso que está llevando a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para determinar la liquidación del polémico almacén de gas Castor ha puesto en alerta a ACS, en su condición de primer accionista de Escal, concesionaria de la infraestructura. Por primera vez, el grupo de construcción y servicios ha reconocido ante los inversores que se expone a un posible impacto en sus resultados en el caso de que la resolución del regulador vaya en contra de los intereses de Escal que, en su día, recibió una indemnización por parte del Estado por el rescate de la concesión.
A finales del pasado año, la CNMC inició un procedimiento de oficio para determinar esta cuestión, unos meses después de que una sentencia del Tribunal Constitucional pusiera patas arriba la solución acordada en su día por el Gobierno del Partido Popular para rescatar la concesión del Castor (tras los cerca de 200 microseísmos que causó su actividad en las proximidades de las costas de Castellón) y el posterior cargo de la compensación al sistema gasista.
El elemento que ha hecho hacer saltar las alarmas en ACS ha venido determinado por el rechazo de las alegaciones presentadas por Escal a la decisión de la CNMC de iniciar de oficio este procedimiento. La sociedad concesionaria del almacén argumentó que el regulador no era el organismo competente para llevar a cabo el estudio. Sin embargo, hace unas semanas Escal recibió una comunicación en la que se rechazaban las alegaciones, lo que deja campo abierto a la CNMC para seguir adelante con el proceso.
Las consecuencias no se han hecho esperar. En el folleto actualizado sobre el programa de renta fija que el grupo tiene registrado en la Bolsa de Dublín, por valor de 1.500 millones de euros, ACS reconoce que la resolución del proceso puesto en marcha por el regulador podría ser contraria a la compensación recibida por Escal de parte de la Administración, lo que causaría un impacto negativo en los resultados de ACS, cuya participación en Escal asciende al 66%.
Asunto cerrado para ACS
Obviamente, no es la primera vez que ACS se refiere al caso del almacén Castor en documentos dirigidos al mercado. Sin embargo, hasta ahora todas las alusiones concluían en que el asunto estaba cerrado en lo concerniente a la empresa y, por lo tanto, la repercusión de las novedades en torno a la concesión era nula.
Precisamente, el grupo que preside Florentino Pérez reflejó en su informe anual correspondiente al ejercicio 2017 la citada sentencia del Tribunal Constitucional, que obligó al Estado a interrumpir los pagos que realizaba mensualmente, vía recibo del gas, a las entidades financieras que ostentan los derechos de cobro de la deuda asociada a la concesión (titulizada en su día por Enagás).
Tras describir brevemente el contenido del fallo judicial, ACS aseguró en el documento que "el Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos, no considera que se pueda derivar perjuicio alguno como consecuencia de esta situación".
Igualmente, el anterior folleto sobre el programa de renta fija, que también se refería al caso del Castor, tampoco hacía mención a algún tipo de riesgo derivado de un proceso que ACS consideraba terminado. A raíz de la sucesión de pequeños terremotos que generó la puesta en servicio del almacén, Escal solicitó la revocación de la concesión al Estado, que procedió a indemnizar a la sociedad conforme a lo previsto en el Real Decreto de 2008 a través del que se otorgó. En esta norma se especificaba que la concesionaria sería compensada incluso en el caso de que la revocación estuviera relacionada con una negligencia.
Tres bancos afectados
Por entonces, el Gobierno resolvió la situación a través de un Real Decreto urgente, de forma que Escal ya había sido indemnizada en un plazo inferior a 40 días, con una cantidad correspondiente al valor residual de la concesión. Un procedimiento que fue denunciado en su día, entre otros por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la Generalitat de Cataluña, a los que el Constitucional terminó por dar la razón, al entender que no se daban los elementos que justificaran adoptar una decisión de carácter urgente, con lo que declaró nula la compensación.
Eso sí, como la indemnización ya había sido liquidada tiempo atrás, el efecto recayó sobre Santander, Caixabank y Bankia, los tenedores de los derechos de cobro, que ya han procedido a solicitar al Estado que asuma su responsabilidad patrimonial, lo que volvió a poner encima de la mesa la polémica por la compensación a Escal y la arbitraria decisión de que fueran los consumidores los encargados de sufragar el coste.
En medio de este escenario, apareció la CNMC con un procedimiento de oficio para determinar si le compete recuperar la indemnización. Una actuación que sigue adelante y que, al contrario que incluso toda una sentencia del Constitucional, ha hecho que ACS advierta al mercado de que, quizá, el caso del Castor sí termine afectando a sus finanzas.
