Los planes de pensiones de empleo ya existen en España. Son sistemas de previsión social complementarios promovidos por una empresa o institución pública en beneficio de sus empleados. Es una idea que gusta a la banca y a las aseguradoras y a la que los sindicatos no hacen ascos. Y parece que ha convencido también a los partidos políticos, que se han puesto de acuerdo en el Pacto de Toledo para incluirlos en las recomendaciones que enviarán al Gobierno para reformar el sistema de pensiones.
En la recomendación 16, que versa sobre los sistemas complementarios, ya se menciona a este tipo de planes, pero de una forma muy vaga. Ahora el Pacto de Toledo está decidido a hacer una apuesta firme por este instrumento. La propuesta que gusta a la banca y a las aseguradoras es hacerlos semiobligatorios, de forma que la empresa o institución tenga la obligación de ofrecerlo al empleado cuando le contrata. Eso sí, el trabajador puede rechazarlo si así lo considera.
La idea proviene del sistema que aprobó Reino Unido en 2008, que obliga a todas las empresas a ofrecer a sus empleados la posibilidad de contratar una pensión privada. En el caso del Reino Unido, el empleador empieza un 1% del salario al plan y el empleado un otro 1%. Al año siguiente se suben ambas aportaciones al 2%. Y un ejercicio después sube la aportación del trabajador al 3% y empieza a aportar también el Estado.
Las empresas, además, pueden compensar su aportación vía bonificación en la Seguridad Social. Se trata de un sistema sencillo y, además, con costes reducidos. El máximo que pueden cobrar las gestoras privadas que administren estos planes es del 0,75%. En España, en cambio, la nueva reducción de comisiones en planes de pensiones sitúa la máxima en el 1,45%.
Gestionados por el Estado
Pero no acaba ahí todo. Se puede contratar con una gestora de activos para que se haga cargo del plan de empleo, pero también se puede encargar al Estado esta función, como hoy se hace cargo de la rentabilidad del Fondo de Reserva. Y ésta es la opción que defienden muchos partidos en el Pacto de Toledo.
Según un estudio elaborado por el servicio de estudios de las aseguradoras (ICEA) y el Instituto Complutense de Análisis Económico de la UCM, los implementación general de los planes de empleo en España permitiría reducir las cotizaciones de empresas y empleados 5,5 puntos y mantener la tasa de sustitución, que actualmente ronda el 80% del salario.
De hecho, la caída de esta tasa es el principal motivo por el que hay que reformar el sistema de pensiones, ya que, si no se hace nada para mejorar su suficiencia, podría caer en 20 puntos de aquí a 2050, lo que reduciría considerablemente el poder adquisitivo de los pensionistas e incluso condenaría a muchos de ellos a la pobreza.
Según un estudio de ICEA y la Complutente, introducir este sistema en España impulsaría el PIB y el empleo
Pero es que además, ese mismo estudio pone de manifiesto que incentivar este tipo de previsión social complementaria mejoraría un 8,6% el PIB, elevaría un 5% los beneficios empresariales y duplicaría el ahorro. El empleo también mejoraría, pero menos, solo un 2%.
Eso sí, no todo son ventajas. Introducir este sistema de forma semiobligatoria también tendría costes durante los primeros años. Y es que para garantizar la misma cobertura a los trabajadores que ya están cerca de la jubilación habría que subir inicialmente las cuotas a la Seguridad Social, lo que afectaría negativamente al empleo y al PIB. Pero el impacto negativo duraría solo entre 2 y 4 años.
Lo importante es que parece que hay cierto consenso para impulsar de verdad este tipo de sistema para complementar la pensión. Eso sí, el acuerdo solo ha llegado, de momento, a las salas de trabajo del Congreso de los Diputados. Ahora falta que el Gobierno se anime a introducir este tipo de planes en su próxima reforma del sistema, si es que llega a plantearla.
