La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, adjudicó al menos 64 contratos a empresas durante el año 2016 a los que restó un euro para eludir la normativa legal que rige la contratación pública.
Durante dicho ejercicio la regidora aprobó la adjudicación de 51 contratos de servicios y otros 9 de suministros por importe de 17.999 euros; y firmó cuatro contratos de obras por 49.999 euros. Los importes coinciden prácticamente con el límite legal de la contratación menor, establecida en cantidades inferiores a 18.000 y 50.000 euros para esos tipos contractuales.
Así consta en un reciente informe del Tribunal de Cuentas, adelantado por La Razón, que ha fiscalizado los contratos menores celebrados durante el ejercicio 2016 por los ayuntamientos españoles de mayor población (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza).
Sólo en Barcelona, de los ayuntamientos fiscalizados, la competencia de la adjudicación de contratos menores corresponde a la alcaldesa
El organismo advierte que el fraccionamiento de las prestaciones, en una parte de los contratos fiscalizados del Ayuntamiento de Barcelona, y también en casos aislados en Málaga y Valencia, "persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables".
Mientras que en los ayuntamientos de Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza la titularidad de la competencia para celebrar contratos menores corresponde a las respectivas Juntas de Gobierno, con algunos matices, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, esa competencia es de la alcaldesa, si bien su ejercicio está delegado a los gerentes.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en total 266 contratos menores adjudicados por Ada Colau en 2016 por un importe total de 4,5 millones de euros, de los que 64 han llamado la atención del organismo. Entre ellos se encuentran adjudicaciones para obras de arreglos de aceras, de actividades culturales o, también, el suministro de cascos para la Guardia Urbana de Barcelona.
Se han detectado contratos menores sucesivos del Ayuntamiento de Barcelona con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa
"Cabe deducir", dice en su informe el tribunal, "que su celebración podría no haber respondido a un cálculo de las necesidades públicas a satisfacer (...) sino a las ventajas prácticas de la utilización de la contratación menor desde el punto de vista de la simplicidad de su tramitación (...)".
La utilización del contrato menor, explica el Tribunal de Cuentas sobre los casos detectados en Barcelona, "aporta menores garantías que los procedimientos generales de contratación", ya que en estos no se requiere "la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, ni la redacción de un documento de formalización". Todo ello, concluye el informe, "conlleva un menor grado de control por parte de la Administración" y el consiguiente "riesgo desde el punto de vista de una buena gestión pública".
Además, el tribunal advierte que en el caso del Ayuntamiento de la Ciudad Condal "se han detectado contratos menores sucesivos con el mismo objeto y adjudicados a la misma empresa, lo que equivale a una prórroga de los mismos", una actuación prohibida por la ley.
