Las viviendas de uso turístico, conocidas popularmente como 'airbnbs' por el predominio de la empresa que lleva este nombre, cayeron en 2019 por primera vez desde su llegada a España hace diez años, según datos proporcionados por la patronal turística Exceltur. Concretamente se registraron 413.033 pisos turísticos, 17.317 menos que en 2018, recuperando la oferta hotelera el primer puesto (415.404).
El lobby asegura que este descenso se debe a la mayor regulación por parte de algunos ayuntamientos como San Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca o Barcelona; por la mayor "concienciación ciudadana"; y por "la posición del Tribunal Supremo que permite que se corrija el crecimiento descontrolado". No obstante, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha lamentado que "los ayuntamientos aún tienen problemas para cumplir las normativas".
"El esfuerzo que han dedicado algunos gobiernos locales en la regulación de las viviendas de uso turístico para asegurar su control y cumplimiento y de esta manera garantizar el necesario equilibrio entre la actividad turística y la población residente ha comenzar a dar sus frutos", aseguran desde la patronal. "El nuevo Gobierno tiene en su mano reforzar la capacidad de hacer cumplir estas normativas exigiendo a las plataformas que comercialicen sólo la oferta que las cumple", añaden.
El Tribunal Supremo
La pugna entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los ayuntamientos por la regulación de los pisos turísticos se intensifica en el Tribunal Supremo, que en los próximos meses se pronunciará sobre los límites municipales a estos alquileres en uno de los casos más polémicos, el de Bilbao. En esta ciudad, la normativa sólo permite establecer pisos turísticos en la primera planta de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales.
El pasado junio, el Tribunal de Justicia del País Vasco avaló la postura del consistorio al entender que estaba legitimado "e incluso obligado" a velar por el derecho a la vivienda que asiste a todos los ciudadanos y que puede verse en peligro, "ya sea por la insuficiencia del parque residencial o por el encarecimiento" de los alquileres.
Los magistrados rechazaban, de este modo, los principales argumentos de la CNMC, que denunciaba la "discriminación" a la que sometía el Ayuntamiento de Bilbao a estos pisos respecto a otros alojamientos como hoteles, pensiones u hoteles-apartamento, que sí pueden ubicarse en edificios de oficinas y comerciales. Zoreda ha calificado estos argumentos del organismo nacional de competencia como "desvaríos".
