La posibilidad de que la crisis eléctrica que se vive en España y en el mundo se prolongue más allá de 2021 empieza a contemplarse como un riesgo real. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya recoge en un informe reciente que, de ser así, las medidas que el Gobierno ha ido aprobando en estos meses para bajar la factura de la luz tendrán que ampliarse en 2022.
En un nuevo análisis de los presupuestos de las administraciones públicas para 2022, el regulador incorpora ahora "la materialización de algunos riesgos que se vislumbraban" hace un mes, en sus previsiones de septiembre, y, en particular, los relacionados con la escalada de los precios energéticos que "desde septiembre se ha acentuado notablemente".
Esta semana los precios de la electricidad se mantienen en máximos históricos, por encima de los 200 euros/MWh. En este sentido, el Ejecutivo aprobó en septiembre un real decreto ley con varias medidas para paliar la crisis eléctrica. Algunas de ellas (las que afectan directamente a los consumidores) estarán vigentes hasta final de año, y otras, hasta marzo de 2022.
Bajada del IVA del 21% al 10%, bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%... El objetivo del equipo de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, es dejar la luz este 2021 al mismo nivel que en 2018. El Gobierno confía en que a partir de marzo, con la subida de las temperaturas y una mejora en el precio del gas, la factura de la luz bajará.
"Existe el riesgo de que en 2022 el Gobierno tenga que implementar nuevas medidas y/o prorrogar las adoptadas en 2021 con el consiguiente aumento del déficit"
Sin embargo, la Airef advierte de que existe un riesgo real de que esta crisis eléctrica se alargue más de lo previsto y se tengan que ampliar las medidas, con el correspondiente efecto en el déficit público. "La situación del sector energético constituye otro riesgo fiscal para 2022 en el caso de que vuelva a ser necesaria la adopción de medidas por parte del Gobierno", comenta.
"La magnitud del actual problema energético apunta a que esta situación se pueda prolongar más allá de 2021. Por tanto, la Airef considera que en las actuales circunstancias y ante la perspectiva de que no se encuentre una solución a corto plazo, existe el riesgo de que en 2022 el Gobierno tenga que implementar nuevas medidas y/o prorrogar las adoptadas en 2021 con el consiguiente aumento del déficit de 2022", añade.
El regulador calcula que las medidas relacionadas con la fiscalidad energética aprobadas primero en junio y después en septiembre tendrán un impacto estimado en el déficit público de 1.055 millones de euros en 2021 y de 633 millones en 2022. Un agujero fiscal en las arcas del Estado que, según apunta la Airef, puede crecer en 2022. De momento, el Ejecutivo mantiene que el déficit cerrará en el 8,4% del PIB, el mismo nivel con el que contaba en marzo, cuando presentó su cuadro macroeconómico.
La crisis eléctrica amenaza el consumo
De hecho, para la institución que preside Cristina Herrero las ayudas no han sido suficientes. En el citado informe, desliza que "aunque las medidas implementadas por el Gobierno han podido compensar en alguna medida la trasmisión a los precios de consumo, la escalada de los precios es de tal intensidad que amenaza con mermar de manera significativa la capacidad de compra de los hogares".
A su vez, el organismo también alerta de que la incesante subida en los precios de la luz "podría frenar la reactivación de sectores como la hostelería, un sector muy intensivo en consumo de energía, y de algunos sectores industriales". La crisis eléctrica sumada a los cuellos de botella en las cadenas de suministro drenan conjuntamente 0,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2021 y 0,5 pp en 2022.
