El 2022 pasará a la Historia, entre otras cosas, por ser el año en el que se registró la mayor subida de precios de este siglo. Los hogares españoles recordarán una inflación de doble dígito, que no se veía desde 1985 y que les ha obligado a vaciarse los bolsillos para mantener su nivel de vida intacto. Alcanzar tasas superiores al 10% entre junio y agosto implicó que el verano de los ciudadanos fue el más caro en tres décadas. Meses después, los españoles siguen viendo mermado su poder adquisitivo y es posible que ni siquiera en 2023 lo recuperen.

España sufrió las primeras manifestaciones de esta crisis durante el verano de 2021, cuando el precio de la energía empezó a repuntar. El Gobierno intentó controlar los precios de la electricidad con la adopción de rebajas fiscales pero a finales del 2021 España ya sufría unas tasas de inflación elevadas, con una subida de precios que ascendió en diciembre al 6,6%. En todo caso, aquello se afrontó como una subida coyuntural y pasajera que meses después, con la invasión de Ucrania, se agravó.

Con la guerra se encarecieron aún más los productos energéticos (electricidad, gas y carburantes) y numerosas materias primas como el trigo, clave para la ganadería y la alimentación. En marzo la inflación amenazaba ya con romper la barrera del 10% por primera vez desde 1985, un presagio que se confirmó en junio, cuando la inflación alcanzó el 10,2%. Esto obligó al Ejecutivo a adoptar sucesivos paquetes de medidas a lo largo de la primavera, el verano y el otoño que ayudaran a moderar el IPC y aliviaran la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Sin embargo, medidas como la subvención de 20 céntimos en los carburantes o las ayudas a los sectores electrointensivos no evitaron que productores y distribuidores vieran crecer sus costes y, poco a poco, los fueran trasladando a los precios finales de sus productos. Así, la inflación se extendió al resto de bienes y servicios y el contagio fue tal que en noviembre cuatro de cada cinco subgrupos que componen el IPC eran más caros que un año antes.

Ahora la subida de precios se nota especialmente en la alimentación y el ocio, que empezaron a encarecerse más tarde y no han alcanzado aún su pico. Por la misma compra en el supermercado, las familias pagaron en noviembre un 15% más que un año antes. Los restaurantes subieron un 7% y hospedarse en un hotel resultó un 10% más caro que en 2021. El IPC general, sin embargo, moderó su subida tras el verano y en noviembre la variación anual fue del 6,8% fundamentalmente por la contribución positiva de la electricidad, más barata ahora que en el mismo mes de 2021.

Esto evidencia la relevancia del precio de la luz (y otros productos energéticos) en el IPC, que cuando subió hizo crecer la tasa general y ahora que baja, con el resto de productos aún subiendo, la modera. En todo caso, por todos es sabido ya que existe un desajuste en la medición que hace el INE del precio de la electricidad, al tener en cuenta sólo la tarifa regulada y dejar fuera al mercado libre. Esto, que en primavera provocó que España tuviera una inflación superior a los países del entorno, ahora está ayudando a lucir tasas más moderadas.

Los analistas se fijan ahora en la evolución de la inflación subyacente, menos volátil al excluir los precios de la energía y los alimentos frescos. Este indicador aún no ha tocado techo y siguió subiendo en noviembre, cuando registró una variación anual del 6,3%, una décima más que en octubre. En tasa mensual repuntó un 0,7%. De esta forma, amenaza con superar la tasa de inflación general. El promedio del año se situará próximo al 5%, siendo ésta la tasa media más alta vista en este indicador al menos desde desde 1995.

En todo caso, la inflación no la sufren sólo los españoles, sino que es un problema global, lo que está evitando que nuestras empresas pierdan competitividad. Desde primavera el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que la inflación es fundamentalmente importada y generada por la guerra. Y en cierto modo, así es. Todos los gobiernos europeos, sin distinción, tienen que lidiar con una subida de precios persistente, duradera y, en muchos casos, descontrolada.

No obstante, España registró durante 17 meses una inflación superior a la media de la Eurozona, una situación que se invirtió en el mes de septiembre (entre otros motivos, por la medición de la electricidad antes mencionada y por la fuerte bajada de los precios energéticos potenciada por la excepción ibérica). En noviembre, mientras en España el IPC general repuntó un 6,6% en términos armonizados, en el conjunto de la zona euro subió un 10%.

Otra prueba de que gran parte de la inflación ha sido importada es que el deflactor del PIB (indicador que descuenta la inflación 'importada' del exterior con la compra de materias primas y energía en el extranjero y solo tiene en cuenta la subida de precios experimentada en los bienes y servicios producidos a nivel nacional) se situó alrededor del 3,5% en el segundo y el tercer trimestre, la tercera parte de los crecimientos observados en el IPC. Sin embargo, el deflactor del PIB podría acelerarse en los próximos trimestres por el repunte de los salarios.

De esta forma, tras un 2022 marcado por la inflación, de cara 2023 las expectativas son algo mejores, aunque no del todo positivas. La inflación seguirá moderándose, pero seguirá creciendo a tasas superiores al 2%, objetivo del Banco Central Europeo (BCE). Por su parte, reducir la tendencia de la subyacente será más difícil. Además, los riesgos de que esta senda de moderación de la inflación se descontrole son numerosos: una peor evolución de la guerra en Ucrania, el suministro y la demanda; y que los salarios suban más de lo previsto y acaben retroalimentando la inflación.

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