Un 38% de los autónomos ya han reabierto su negocio, un 22% nunca ha cerrado y el 40% sigue cerrado pero espera abrir en algún momento. Todos ellos han tenido que prepararse para cumplir con las normas de seguridad sanitaria decretadas por el Gobierno para frenar al coronavirus, para lo que han tenido que provisionar fondos.
Según el último barómetro de autónomos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, la organización mayoritaria del sector), un 42% de los trabajadores por cuenta propia han tenido que destinar más de 500 euros a adaptar su negocio.
Algunos, incluso, han tenido que dedicar cuantías superiores: un 3,2% del total dice haber gastado entre 1.000 y 1.500 euros; un 2,3% ha dedicado entre 1.500 y 2.000 euros; un 1,7%, entre 2.000 y 3.000; y un 0,7% entre 3.000 y 4.000, por ejemplo.
Las diferencias están en que algunos se limitan a la compra de geles hidroalcohólicos, guantes y mascarillas, mientras que otros tienen que adquirir también equipos de protección o incluso reformar sus locales para poder cumplir con las distancias de seguridad entre clientes o trabajadores.
A un 44% de los autónomos, según esta encuesta, le ha parecido complejo el proceso de adaptación.
Se hunden sus ingresos
El desembolso para adaptar sus locales a las medidas de seguridad ha sido especialmente gravoso para los autónomos que se encuentran en peor situación tras la irrupción de la pandemia.
Un 90,6% admite que su facturación ha caído durante el estado de alarma y, de ellos, un 37,1% dice que ha caído hasta tener cero ingresos. Un 22,7% ha sufrido una reducción de ingresos del 80%; un 9,7% del 60%; un 7,3%, del 40%; un 5,5% del 30%; un 3,3% del 20%; y un 12% de menos del 20%.
Además de sufrir un descenso de ingresos, los autónomos son víctimas de la morosidad -retrasos en cobrar- debido a la escala global de la pandemia. La mitad de los encuestados están cobrando con demoras, mientras que siguen teniendo que hacer frente al pago de impuestos.
El Ejecutivo habilitó aplazamientos para el pago de impuestos de los autónomos por hasta 30.000 euros (entre declaración trimestrales de IVA, pago fraccionado del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades), pero no permite retrasarse en el pago de cuantías superiores. Además, muchos trabajadores inicialmente no pidieron acogerse a esa demora porque contaban con que el estado de alarma duraría 15 días y no dos meses.
