Banco de España rechaza la labor de control de que los bancos no trasladen a sus clientes el nuevo impuesto a la banca que le otorga la proposición de ley que se ha registrado en el Congreso, un cometido en el que debe colaborar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para el que considera que no tiene competencias. Y un impuesto que el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha cuestionado.

Así lo trasladan fuentes conocedoras, cuando la vigilancia que el Gobierno otorga a la CNMC para que no se repercuta el impuesto no reviste problemas en el caso del impuesto a las energéticas -más allá de las dudas sobre su eficacia-, un mercado que regula este organismo, pero sí en el de la banca, cuya supervisión atañe al Banco de España. "Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de la obligación de éste de colaborar con la misma, la comprobación del cumplimiento de la obligación", dice la proposición de ley.

Fuentes gubernamentales descartaban este martes que Banco de España estuviera en el control del impuesto pero finalmente se le ha introducido por sus competencias respecto al sector.

Sin embargo, las competencias y obligaciones de este organismo son contrarias a la labor que ahora prevé el Gobierno: el Banco de España, como el Banco Central Europeo (BCE), que tiene además labor de supervisión de los grandes bancos españoles afectados por el impuesto, debe velar por la solvencia de las entidades. Lo que en este caso implica, precisamente, que repercutan el impuesto.

En esta línea se ha pronunciado el gobernador este martes, que ha avisado de que considera difícil que el impuesto no tenga ninguna incidencia en el volumen de crédito, las condiciones de financiación o la estabilidad financiera.

En un foro organizado por La Vanguardia en Barcelona, Pablo Hernández de Cos ha explicado que el Banco Central Europeo se pronunciará sobre este impuesto a la banca cuando esté diseñado y ha recordado cuál es la doctrina que sigue el BCE en estos casos: "Lo que se solicita siempre desde la perspectiva del BCE es que (un impuesto de este tipo) no afecte al volumen de crédito ni a las condiciones de financiación ni tampoco negativamente a la estabilidad financiera, a la capacidad de resistencia de los bancos", ha subrayado.

En cualquier caso, el control del impuesto a la banca tiene todavía bastantes flecos por definir. "Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el caso del sector energético y, en el caso de las entidades de crédito el control de la correcta aplicación de la prohibición de traslación, a la misma Comisión, con la colaboración de Banco de España", dice la Exposición de Motivos de la proposición de ley.

A lo que se añade en el articulado, "en su caso, la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma. A estos efectos, en particular, se podrá solicitar la información relativa al cumplimiento de la obligación correspondiente a los años 2022 y siguientes".

Cabos sueltos

El problema es que la CNMC no tiene acceso a datos clave como los ráting que elabora cada entidad de sus clientes a la hora de dar crédito. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron este martes que se va a conferir a la CNMC más competencias para esta labor. Por desarrollar.

Pero hay más cabos sueltos. La proposición de ley añade que "la protección de los clientes financieros es una prioridad, concurrente precisamente con el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero". Es aquí donde reside uno de los problemas, la citada Autoridad se está tramitando, todavía no está creada, y sería en principio la más indicada para esta tarea.

La creación de este organismo se vio en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 5 de abril. Entonces la previsión es que estuviera en audiencia pública durante cinco meses y se concretara como proyecto de ley en el último tramo del año o a más tardar a inicios de 2023. El nuevo impuesto tiene que estar en vigor el 1 de enero y las empresas deberán realizar un pago anticipado del 50% del total en febrero.

Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España y la CNMV, entre otros organismos. Así lo establecen los borradores que ha presentado la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de un proyecto que ya tuvo encima de la mesa el ministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, y que no salió adelante entre otros factores por la oposición de Banco de España, que lo veía como una intromisión que le restaba competencias, según trasladan fuentes parlamentarias.

El BCE tiene ahora pendiente su informe sobre el nuevo impuesto, que puede realizar de oficio pero que el Gobierno espera que el Parlamento le solicite como gesto de cortesía. La proposición de ley deberá ser aceptada por el Congreso en una votación que podría producirse en la primera semana de septiembre.

Ofensiva del Gobierno

La CNMC y Banco de España han visto amenazada en los últimos meses su independencia por una iniciativa de los Grupos Socialista y de Más País en el Congreso que pretendía reducir la independencia de los organismos autónomos, como la CNMC, la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la CNMV, en la que se incluía a Banco de España.

En un informe, promovido por el PSOE y Más País, se pretendía dirigir las decisiones de estos organismos y fue rebajado en el último minuto ante la preocupación que causó su tramitación por infringir normativa comunitaria y hacerlo en el despliegue del Plan de Recuperación.

"La independencia, además de legal e institucional, debe ser funcional e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por ser la autoridad regulatoria y de competencia de la UE en nuestro país", ha reclamado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en un curso de formación en mayo de 2021. Se trata de un organismo independiente del Gobierno pero que no tiene autonomía de gestión de sus recursos humanos, estructura organizativa y presupuesto.

El Banco de España ha sido objeto de una ofensiva por parte del Gobierno. "El gobernador del Banco de España vierte opiniones sobre asuntos que no son de su competencia". Así lo ha advertido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en mayo, con el mismo mensaje que viene deslizando José Luis Escrivá. "Desde instituciones se toma parte por opciones políticas", ha afirmado Díaz. Los dos ministros responsables de las reformas estrella del Gobierno se revuelven contra las críticas de Pablo Hernández de Cos.

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