Bruselas ha dado luz verde a los primeros 10.000 millones de euros en ayudas para pymes que ha puesto en marcha el Gobierno, pero advierte de un posible riesgo sobre la competencia. La Comisión Europea cree que las nuevas garantías para la deuda de las pymes refuerza la posición competitiva de las empresas que las reciban, lo que puede provocar cierta desigualdad e incluso podría llegar a afectar al mercado de la Unión Europea.
Bruselas se refiere con esto al segundo fondo de 3.000 millones de euros que se destinará a avales para reestructurar deuda y por el que el Gobierno se enfrentó al sector bancario por la complejidad del asunto y por el temor de que el Ejecutivo obligará al sector a realizar quitas obligatorias.
Finalmente no será así y además se ha aplazado el nuevo "código de buenas prácticas" para otro real decreto, un asunto que el sector financiero ve con cierto recelo pues considera que puede relacionarse con el ya existente para el ámbito hipotecario y que se creó durante la anterior crisis financiera.
El Gobierno también ha comprometido otros 7.000 millones de euros, pero estos se darán en ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.
Ayudas aprobadas por Bruselas
Respecto al número de beneficiarios, el Ejecutivo no ha querido dar una cifra, solo ha dicho que espera "llegar a las empresas viables" y "cubrir el amplio espectro de empresas que se han visto más afectadas por la covid, con especial atención a los territorios que se han visto más perjudicados".
Los autónomos que tributan por estimación objetiva en el IRPF podrán recibir un máximo de 3.000 euros en ayudas, mientras que el resto de las empresas recibirán cuantías de entre 4.000 y 200.000 euros. Las ayudas cubrirán como máximo un 40% de la pérdida de ingresos para autónomos y micropymes -de menos de 10 empleados- y del 20% en el caso del resto de empresas.
Reparto del dinero entre las comunidades
Los recursos se trasladarán a las comunidades autónomas en un plazo de tiempo "muy reducido", ha señalado Calviño, en función de los convenios que se vayan firmando para que estén disponibles lo antes posible.
De estos 7.000 millones, el Ejecutivo ha reservado 2.000 millones sólo para Baleares y Canarias, las comunidades más afectadas por la pandemia y que sufrieron el pasado año caídas más bruscas del PIB.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado que los 5.000 millones restantes se repartirán entre las autonomías siguiendo los mismos criterios de reparto entre autonomías -actualizados a cierre de 2020- que se han utilizado con el fondo React EU, y que generaron polémica y críticas por parte de algunas regiones como la Comunidad de Madrid, que se sintieron especialmente perjudicadas por la distribución en favor de otras como Cataluña.
