La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, por los "ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias de establecimiento, libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa" que regula el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
En el escrito de admisión, Bruselas explica que "la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable en la materia". Se abre ahora un procedimiento por el que, si la Comisión sigue adelante y considera finalmente que existe violación del Derecho de la UE y el Gobierno español no hace nada al respecto, le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Denuncia Asunto Ferrovial. ... by Vozpópuli
Existe un precedente que no llegó al TJUE en el que Miguel Sebastián, entonces ministro de Industria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, intervino en dos eventos en enero de 2009 en los que instó a comprar productos españoles cuando empezaba la crisis financiera, y la Comisión Europea le requirió para que se retractase, lo que éste hizo.
Si se llegara al Tribunal de la UE, a pesar de no juzgarse una ley o un impuesto nacional concreto, que si son anulados, los jueces o el Gobierno deben adaptar, el TJUE puede avalar la denuncia y concluir que el Ejecutivo español ha vulnerado o incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la UE. El fallo podría obligar a revertir decisiones del Gobierno contrarias al Derecho de la UE si se hubieran producido.
La denuncia se presentó el 8 de marzo, ocho días después de que Ferrovial registrara el 28 de febrero el hecho relevante con su salida en la CNMV, y cuando se había producido ya la salida en tromba del Gobierno español contra la empresa, con declaraciones en radios, desayunos y ruedas de prensa, algunas incluso del propio presidente del Gobierno con homólogos extranjeros.
La admisión se produjo el 23 de marzo y, como es habitual en estos procesos, su contenido se sigue ampliando con la nueva información disponible. De hecho, en estos momentos el elemento fundamental ha llegado esta semana, con la carta que remitió el Gobierno a Ferrovial.
La carta del Gobierno
A las declaraciones del presidente y las vicepresidentas primera, segunda y tercera del Gobierno y otros ministros presionando a Ferrovial se ha añadido este lunes la carta que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha dirigido al consejero delegado de Ferrovial Ignacio Madridejos, en la que dictamina que no hay motivos económicos válidos, con lo que anticipa un castigo fiscal a la operación que la Junta de Accionistas vota este jueves.
Es decir, existe una carta oficial del Gobierno que se pronuncia sobre una operación que no se ha producido sobre la que debe pronunciarse la Agencia Tributaria (AEAT). Esta carta ha causado estupor en fuentes próximas a la AEAT, que han trasladado a Vozpópuli la tesitura en la que deja al organismo autónomo. Si considera que hay motivos económicos válidos, lo hace en contra de una posición oficial del Gobierno. Si no lo hace, se le puede acusar de plegarse a la presión del Ejecutivo.
Así se lo afea el propio Madridejos al secretario de Estado en la carta en la que le ha contestado este martes, en la que le acusa de "prejuzgar" y "condicionar" el criterio "puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos".
El consejero delegado de Ferrovial también subraya que respetarán la decisión que adopten los accionistas de la sociedad "en el ejercicio de una libertad fundamental conocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como es la libertad de establecimiento".
La denuncia se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE por la que las declaraciones públicas de autoridades y funcionarios pueden constituir contravenciones del Derecho de la Unión Europea, para lo que cita la sentencia Buy Irish (Asunto 249/81).
Y recuerda que el fallo del TJUE en el Asunto C470/03 estipula que "son imputables al Estado las declaraciones de un funcionario que, por su forma y circunstancias, crean en los destinatarios la impresión de que se trata de posición oficial del Estado, y no de opiniones personales del funcionario".
Según el Tribunal de Justicia, una infracción del Derecho de la UE "por el comportamiento de un funcionario, en la medida en que sea imputable al Estado miembro al que presta sus servicios, no puede estar justificada... al amparo de la libertad de expresión de los funcionarios".
El papel de la CNMV
La denuncia sí llevaba ya incorporada desde el principio las afirmaciones de Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV y marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha dejado escrito en la red social profesional Linkedin que existen motivos políticos en la salida de Ferrovial, una empresa que cotiza bajo la supervisión de la propia CNMV, y ha reclamado a la empresa que sea "transparente" y no "engañe", como publicó Vozpópuli el 8 de marzo.
El comentario de Bacigalupo sobre Ferrovial tiene un cierre que defiende al Gobierno en esta polémica. El consejero de la CNMV concluye que las razones que ofrece Ferrovial para su salida son "poco convincentes" y se pregunta "si la motivación última no será de otra índole (¿política tal vez?)".
Desde la CNMV defiendieron ante la consulta de este periódico que este comentario de su consejero se trata de "opiniones personales" y, en esta materia, Bacigalupo no actúa como portavoz del organismo.
Hasta ahora, la Comisión Europea ha trasladado que actuará si el Gobierno de Pedro Sánchez intenta parar la salida de la matriz de Ferrovial de España. Así lo ha declarado Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, en respuesta a una pregunta de Vozpópuli "en relación con el mercado interior y la competencia", según informó este periódico el pasado 3 de abril.
Bruselas actuará si el Gobierno de Sánchez veta la salida
En una rueda de prensa junto a la eurodiputada del PPE Pilar del Castillo sobre la Ley de Datos, este diario preguntó a Breton por las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno español, en Ser Galicia, sobre que "el Gobierno está analizando la posibilidad de utilizar el escudo antiopas para evitar que la empresa española Ferrovial se mude a Holanda", y si está actuación es "posible".
El comisario respondió: "Por supuesto, en mi capacidad de ser responsable de hacer cumplir, siempre hago cumplir cuando veo algo y cuando me lo piden porque algo está pasando. Nunca hago nada preventivo, previo".
Breton no eludió una pregunta que "no tiene nada que ver con la Ley de Datos", según dijo, y en su respuesta planteó la posibilidad de actuar de oficio y de hacerlo a instancias de una denuncia.
Valoriano
Vistas las declaraciones del gobierno y algunos de sus ministros deja mucho que desear, sin entrar en otras consideraciones de las que muchos carecemos , cuando tenemos entendido que, en la UE existe libertad y tráfico de empresas, personas etc. Sobre las declaraciones del sr. Bacigalupo que, como consejero de la CNMV dice que son título personal.......o es consejero o.no es nadie. De esta forma mañana dice el ministro de Economía, por ejemplo que España está en bancarrota y como lo dice título personal. Que bien estarían algunos en sus respectivos países con tantas carencias.
RAFA PEREZ
Uno de los principios fundamentales en la gestión empresarial, yo diría también personal, es: aquello que sea previsible debe estar previsto. Dicho de otra forma prevenir, planificar y ejecutar de acuerdo con la realidad y con unos criterios previamente establecidos. Con este Gobierno eso no es posible. De ahí la decisión de Ferrovial y ya veremos .... Por otra parte, teniendo en cuenta el comportamiento de un presidente del Gobierno y la coherencia de las acciones gubernativas subsiguientes, las promesas y declaraciones del Gobierno carecen de valor alguno. No iba a pactar y conformar el gobierno Frankestein, no iba a indultar, no iba a suprimir el delito de sedición, .... Su falta de credibilidad es evidente y eso las empresas lo tienen en cuenta. Una razón más, por la que los empresarios muestran cierta desconfianza con el Gobierno de izquierda y extrema izquierda es con su política de hacienda pública. Se gasta mucho más que lo ingresa, déficit disparado. Deuda pública por las nubes. Para equilibrar las cuentas, el Gobierno actual lo está haciendo, y lo quiere seguir haciendo, por la vía de ingresos; es decir con impuestos. No hemos visto que haya adoptado alguna medida, ni le oímos decir que va hacer para REDUCIR EL GASTO. Al contrario, está incrementando el gasto estructural. Las clases medias, los profesionales, ya no dan más de sí. Esta vaca ya está suficientemente ordeñada. Los empresarios están pensando ¿Quién va a soportar todo esto?
Leonidas
Hay poco que investigar. Son una panda de mafiosos corruptos que deberían estar en la cárcel toda su p..... vida. Y con ellos los sindicatos y los sicarios de Hacienda