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Bruselas activará el ‘plan Ribera’ de compras conjuntas de gas para responder a Rusia

La Comisión Europea arranca un ‘proyecto piloto’ de adquisición en bloque para alcanzar en 2022 los niveles de almacenamiento estratégico requeridos ante la tensión con su principal proveedor

  • El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermmans y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera -

Rusia es el gran proveedor de gas de Europa y la guerra en Ucrania deja muy tocada esta estratégica relación comercial. Bruselas busca soluciones ante la posibilidad de que Vladimir Putin cierre un grifo que suministra el 40% del gas natural que consumen sus ciudadanos. Para ello, la Comisión Europea ha decidido activar ‘el plan Ribera’ de realizar compras conjuntas de gas natural para enfrentarse a esta amenaza. 

Según recoge la circular ‘Acción Europea Conjunta’, que presentará Bruselas en los próximos días y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la Comisión Europea arrancará un proyecto piloto para que exista una coordinación entre los países miembros y los operadores energéticos europeos para adquirir de forma conjunta gas natural. El objetivo final es llenar antes del último trimestre de 2022 el almacenamiento de gas hasta los niveles mínimos que marca la regulación europea.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue una de las grandes valedoras de esta actividad conjunta durante los encuentros de los líderes energéticos de los países miembros en 2021. Ahora, la Comisión integra esta medida en las acciones que presentará para atajar el reto de la crisis de precios de energía en pleno conflicto con Rusia.  

Bruselas quiere independizarse del gas ruso. Los líderes europeos ven con preocupación la reducción en los últimos meses de sus reservas de gas. Su circular destaca que este almacenamiento está en niveles “históricamente bajos”. La Comisión Europea muestra una gran preocupación por los problemas de suministro vinculados con los gasoductos que llegan desde Rusia y Ucrania.

El nuevo paquete de medidas de Bruselas quiere que sus países miembros afronten el próximo invierno con menor estrés en la gestión de esta materia prima clave para calentar las casas y generar electricidad. La Comisión quiere imponer en este paquete de medidas un requisito legal para que los países miembros garanticen un nivel mínimo de almacenamiento antes del 30 de septiembre de cada año. Para ello, publicará orientaciones detalladas para el próximo verano sobre los niveles específicos de almacenamiento regional, la financiación de los sistemas de almacenamiento y una asignación de costes eficiente.

Bruselas habla de ‘windfall profits’

La ‘Acción Europea Conjunta’ cuenta con más medidas para enfrentarse a la crisis de precios de la energía que se vive en Europa. Una de las medidas más controvertidas del ‘plan Ribera’ para bajar el precio de la luz fue los ‘windfall profits’ (beneficios caídos del cielo). Un asunto que también se incluyen dentro de esta ‘Acción Europea Conjunta’. La Comisión Europea destaca en esta circular que, en los mercados mayoristas de electricidad, las centrales eléctricas de gas fijan el precio de mercado siempre que sean las unidades más caras necesarias para asegurar que la oferta satisfaga la demanda.

“En este caso, los altos costes del gas como insumo para las centrales eléctricas a gas se han traducido en altos precios mayoristas de electricidad que se traducen en altas ganancias (inesperadas) para todos los participantes del mercado, independientemente de sus costes de generación”, explica la Comisión Europea en el documento. 

Desde Europa también alertan que, como afirmaba el Gobierno español, las renovables, nucleares o hidroeléctricas han aumentado sus ganancias gracias a los altos precios del gas. Por ello, para financiar las medidas de apoyo en esta crisis actual, los estados miembros pueden solicitar a estas centrales parte de esta renta inframarginal adicional mediante medidas fiscales específicas.

Aunque, como concluye Bruselas, este movimiento se debe diseñar de forma cuidadosa para evitar distorsiones “innecesarias” en el mercado. Un movimiento que, en el caso de materializarse, volverá a abrir heridas entre la Administración y las grandes eléctricas.

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