El Congreso ha aprobado 'in extremis' una moratoria a la entrada en vigor del impuesto al plástico, que no estará vigente hasta enero de 2023 en todo caso. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado que, en la actual tendencia alcista de los precios de los carburantes, se vaya a subir la fiscalidad al diésel. Son dos de los compromisos de subida de impuestos verdes que ha adquirido el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación para que estén en vigor antes de junio que de momento no va a cumplir. A esto se suma que el pacto también incluye una subida adicional del impuesto de matriculación y el Gobierno sólo cuenta con recuperar el próximo enero el alza de 2021 que el Congreso le obligó a congelar a partir de junio, según ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Desde la Comisión Europea vigilan los movimientos del Gobierno español para que se cumpla el compromiso de reforma de las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica. Un punto de gran relevancia para Bruselas en su acuerdo con Moncloa para la llegada de los fondos europeos, ya que son las líneas de este paquete de ayudas que se vertebran tanto con el Pacto Verde Europeo como el Fit 55. Sobre el paquete de impuestos verdes comprometidos para el primer semestre de 2022, a Bruselas le consta de momento el compromiso firmado por España en el Operational Arrangement. El incumplimiento de las reformas e hitos prometidos impide reclamar nuevos tramos de fondos. El Gobierno español podría ahora replantear el Plan, una vez que ha anunciado que va a pedir 70.000 millones en préstamos en primavera.
Estas reformas medioambientales tienen que estar implementadas antes del 30 de junio de 2022. El eje de actuación se establece a través de cinco frentes. El primer punto que debe abordar el Gobierno español es establecer un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y plantas de incineración. La segunda actuación debe ser la implementación del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.
Bruselas también espera que en el primer semestre del próximo año se modifique la tasa sobre los gases fluorados de efecto invernadero. El cuarto punto de estos impuestos verdes son los controvertidos peajes en autovías y e impuestos relativos a la movilidad como los de matriculación y circulación. Por último, Moncloa se comprometido con Bruselas a revisar las subvenciones a los aceites minerales utilizados como combustible.
De todo esto, se ha iniciado la tramitación de la reforma del impuesto a gases fluorados en el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre y el Congreso ha aprobado y remitido al Senado la Ley de Residuos, que crea los impuestos a residuos y plásticos. El impuesto a plásticos, sin embargo, no entrará en vigor hasta al menos enero de 2023, según estableció una enmienda transaccional que finalmente apoyaron PSOE y Podemos.
El Gobierno se encontró con un rechazo frontal al impuesto en el mundo empresarial y se planteó la batalla de que recogiese la posibilidad de repercutirlo a las siguientes empresas en la cadena de valor, traslada Eduardo Verdún, socio responsable del Grupo de Imposición Indirecta de EY Abogados. El impuesto a residuos, por su parte, es en realidad una centralización de los tributos autonómicos que tienen buena parte de las comunidades en vigor.
Quedan pendientes de desarrollo reformas al alza y para incrementar el foco medioambiental de los impuestos a matriculación y circulación. Sobre el de matriculación, la ministra de Hacienda admitió en la aprobación de los Presupuestos de 2022 que deberá recuperar en enero la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Pero Montero no contempló la subida adicional que reclama ahora Bruselas.
Una de las medidas de más calado medioambiental y que puede generar más contestación en la calle es la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina. Se trata del alza de 3,3 euros al mes de media que ya llevaban los Presupuestos de 2021 que se cayó en la negociación de enmiendas con el PNV y que Bruselas plantea incluso duplicar. En noviembre, Ribera ha recordado que en los últimos meses se ha vivido un incremento "muy notable" de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería "enormemente sensible", ya que "perjudicaría a los que más lo necesitan". En este sentido, el Gobierno acaba de prorrogar las rebajas fiscales a la electricidad hasta abril.
En lo que respecta a la imposición de peajes en autovías, comprometida para 2023, el Ministerio de Transportes está acelerando para la transformación de la Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) como primer paso para arrancar el pago por uso. Esta iniciativa debe estar definida en junio.
A todo esto se suman además las subidas que prevé el borrador de Directiva Mediombiental 'Fit for 55' que los Estados tendrán que votar, al diésel y el gas, además de acabar con las exenciones al gasóleo profesional y a los transportes aéreo y marítimo, según detalló María Isabel López Rodríguez, de la Subdirección General de Impuestos Especiales y Tributos al Comercio Exterior sobre el Medio Ambiente de la Dirección General de Tributos, el brazo legislativo de Hacienda, en el XXXI congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que se ha celebrado en Vigo.
La coartada del comité de expertos
El compromiso de subida de esta catarata de impuestos verdes llega en plena crisis energética y cuando la recuperación de la economía española no alcanza las previsiones. El Gobierno puede utilizar como coartada la baza que supone el comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal, que tiene entre sus principales cometidos poner el "énfasis en el estudio de la fiscalidad medioambiental". Este comité afronta la recta final de sus trabajos con tensiones por las presiones del Gobierno y algunos de sus miembros sopesan dejarlo. Ya se ha producido una salida, de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, según adelantó Vozpópuli.
