El Consejo de Ministros de la mano de la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha dado el visto bueno a la creación de la nueva Autoridad de defensa del cliente financiero, que servirá como vía oficial para denunciar los casos de abuso de la banca y de exclusión financiera, tal y como ha explicado este martes.
"Se trata de una anteproyecto de ley muy importante para la ciudadanía y para nuestro Gobierno", ha asegurado la Nadia Calviño, a la vez que ha destacado que "la digitalización ha afectado a la inclusión financiera y económica". Calviño ha recordado la "importante litigiosidad" por las "preferentes" y ha asegurado que estos casos "han colapsado los juzgados" y eso explica "por qué se trata de un ámbito prioritario del sector público y privado".
La presidenta de Asufín, Patricia Suárez, en una entrevista con Vozpópuli, ya advirtió que es muy importante que la Autoridad de Protección al Cliente Financiero tenga poder suficiente como para multar a los bancos una medida que sería "disuasoria", bajo su punto de vista.
Para Suárez es de vital importancia que esta nueva autoridad sea completamente independiente del Ministerio de Economía y señala que es importante desligar los servicios de reclamación del Banco de España porque "no se puede llevar la supervisión bancaria, la solvencia, y al mismo tiempo la protección al cliente porque se contradice".
Finalmente, estas peticiones se han cumplido pues según el borrador del anteproyecto de ley, la banca tendrá que obedecer sin oposición alguna las resoluciones cuyo importe reclamado esté por debajo de los 20.000 euros. Además, los bancos tendrán un máximo de 90 días para solventar el problema y el banco deberá comunicar expresamente, también en el máximo de un mes, la aceptación o no de la misma, así como aportar, en su caso, la justificación documental de haber rectificado su situación con el cliente.
a nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.
Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos. Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro.
Además, Calviño ha anunciado que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos "de manera ágil".
Las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Calviño, a descolapsar los juzgados
La puesta en marcha de este cuarto supervisor llega en un momento de máxima importancia. Sobre todo cuando las demandas a la banca han terminado por colapsar algunos juzgados de primera instancia, llegando a tardar un máximo de 55 meses en admitirse a trámite una demanda, tal y como sucedió en el Juzgado 101 Bis de Madrid, según datos recogidos por Asufin.
Este es un caso aislado, pero lo cierto es que los tiempos de espera son igualmente largos. Así, en Barcelona tarda una medía de 706 días y en Madrid, 722. Los periodos se acortan en otras provincias españolas, pero siguen siendo muy elevadas si se compara con otros países. Por ejemplo, en Vigo el tiempo medio es de 296 días; Toledo, 221 días; Córdoba, 247 días; Cádiz, 335 días; Alicante, 299 días y A Coruña, 202.
