Estupor entre los banqueros por las prisas del Gobierno para anunciar un pacto sobre hipotecas. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, forzó un acuerdo precipitado y a deshoras con la AEB, CECA y Unacc para contener las pretensiones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, y Podemos, que reclamaban que las medidas se ampliaran más allá de las familias con rentas de más de 29.400 euros. De hecho, la vicepresidenta económica justificó a los banqueros que el momento oportuno tenía que ser ahora ante la amenaza de que su socio en el Gobierno exigiera intervenir el mercado hipotecario, según trasladan a Vózpopuli fuentes financieras conocedoras de las conversaciones.

El Gobierno comunicó pasadas las 23 horas del lunes un pacto para proteger a más de un millón de familias de la subida súbita del euribor. Pero reconoció que faltaban por acordar "los últimos detalles". El primer síntoma de las prisas afloró con la fecha tope marcada para el Consejo de Ministros de ayer, cuando el plan inicial de Calviño pasaba por negociar durante este mes, como publicó este medio.

"Calviño nos dijo que era mejor pactar ahora las medidas para los bancos, porque si no Yolanda Díaz iba a presionar cada día más", señala un alto directivo de uno de los principales bancos del Ibex, que traslada que la vicepresidenta económica dejó clara esta postura en las últimas conversaciones con las entidades.

Yolanda Díaz pide más a Calviño

Sin ir más lejos, Yolanda Díaz calificó ayer de "sustancialmente mejorable" el principio de acuerdo anunciado por el Ministerio de Asuntos Económicos. Incluso lo rebajó a un "pequeño paso" para cubrir a los hipotecados de la subidas de tipos y el impacto de la inflación.

El Gobierno tiene previsto plasmar las medidas este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y, según fuentes del departamento encabezado por Calviño, no se espera mover ninguna coma. Se prevé aclarar el coste vía provisiones que tendrá para las entidades, aunque desde el Ministerio de Asuntos Económicos se descarta que las extensiones de plazos y moratorias, entre otras medidas, supongan una "reclasificación directa" de los créditos como morosos.

Bajo esta categoría, las entidades tendrían que dotar más provisiones según fija la normativa bancaria actual, pero se limitarían al plan para los vulnerables. Además, como advirtió ayer José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, también se podría estigmatizar a los clientes que entraran en esta clasificación y se podría limitar su acceso al crédito.

Un acuerdo que pivota sobre tres puntos

El acuerdo contempla tres vías. Una primera que refuerza el alivio para los hogares vulnerables cubiertos por el Código de Buenas Prácticas vigente y para rentas inferiores a 25.200 euros al año. En este caso se rebaja el tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euribor - 0,10% desde el Euribor + 0,25 actual), y se ofrece la posibilidad de hacer una segunda restructuración de deuda y la ampliación a dos años del plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda.

Las ayudas pactadas se limitará para viviendas con un valor máximo de 300.000 euros"

En la segunda vertiente del acuerdo se amplía el ámbito de aplicación de dicho código para que aquellos hogares que no cumplen el requisito actual de incremento del esfuerzo hipotecario del 50% puedan acceder a una carencia de dos años, un tipo más favorable durante ese plazo y el alargamiento de hasta 7 años en sus préstamos.

Por último, se crea un nuevo código que permitirá a las familias con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante la congelación de la cuota y el alargamiento hasta 7 años del plazo de amortización del crédito. Este ha sido el punto más difícil de pactar por el coste para la banca.

Límites de las ayudas

Las ayudas se limitarán para las viviendas de un valor máximo de 300.000 euros. La aplicación de las medidas será voluntaria para las entidades, aunque se prevé que se acoja todo el sector para evitar un coste reputacional. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja se comprometieron ayer en público a sumarse al acuerdo, aunque advirtieron de que existían "flecos técnicos". Algunas entidades manifestaban en privado sus dudas por las formas del Gobierno y a la espera del coste que tendrá.

Las entidades analizarán "caso a caso" la situación de cada cliente, por lo que podrán limitar los efectos contables por las exigencias de provisiones, según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. "No hay una urgencia. Las entidades tienen acotado el riesgo, de momento. Se trata más de buscar un acuerdo que se pueda vestir políticamente", señalaba en privado la semana pasada un alto responsable de los supervisores bancarios.