Uno de los grandes olvidados de la pasada legislatura fue, sin lugar a dudas, el campo. El sector agrícola español combatió en las calles leyes y normativas que, bajo su juicio, perjudicaban su actividad económica y el bienestar de las familias y personas que vivían directamente de ella. En Vozpópuli hemos ido contando, con todo lujo de detalle, las diversas manifestaciones que han tenido lugar en España durante los últimos años contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sin ir más lejos, y con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el pasado 14 de mayo, el campo español tomó las calles de Madrid en defensa de su integridad y dignidad. A través de la plataforma SOS Rural, el sector agrícola mostró su inconformidad con las decisiones del Gobierno central.
Las quejas, leídas en los distintos manifiestos, abarcaron desde el precio de las materias primas y combustibles a los continuos ataques al mundo rural, especialmente a la tauromaquia y todo lo relacionado con ella. Una serie de leyes "excluyentes" que ponían "en peligro" las actividades del campo.
La propia SOS Rural denunció una serie de "presiones y amenazas" que las organizaciones que participaron en las diferentes organizaciones habían recibido por parte del PSOE, Podemos y varias administraciones autonómicas, así como de algunos sindicatos agrarios, en las que se les advertía de que su presencia en la marcha podría suponer la "revisión" de ayudas y subvenciones básicas.
Un cóctel letal que ha ido añadiendo ingredientes a lo largo de toda la legislatura, hasta llegar a un punto de no retorno donde el distanciamiento entre gobernantes y trabajadores del campo español es máximo. Además, el panorama político nacional tampoco va a ayudar a rebajar las tensiones.
Aunque Felipe VI ha solicitado en primer lugar a Alberto Núñez Feijóo la formación de un Gobierno, quedando fijada la fecha de su intento de investidura para el 26 y 27 de septiembre, la realidad es que el líder del Partido Popular lo tiene complicado para ser proclamado presidente tanto en primera como segunda votación.
Esto llevaría a un segundo intento de investidura por parte de Pedro Sánchez, quien, si logra el apoyo de Junts, renovará su mandato por otros cuatro años, con el consecuente mantenimiento de políticas en contra de la agricultura española.
La reforma laboral perjudica al campo
El pasado mes de febrero de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó, por un solo voto, la reforma laboral dirigida y coordinada por la ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Una de las líneas maestras que puso en marcha fue la obligatoriedad de realizar contratos fijos en temporadas de recogida, lo cual apuntaba de forma directa al campo, amenazando con lastrar de sobremanera la contratación.
Y así ha sido. Tras más de año y medio de andanza de la encabezada por Yolanda Díaz, los contratos han caído un 38% en el sector agrícola. La afiliación se encuentra en torno a los 360.000 trabajadores, dañando de forma severa a esta parte tan importante del mercado laboral español en lo que a nuevas contrataciones se refiere.
No se puede negar que la reforma laboral ha traído bastantes alegrías al país, ya que ha conseguido que más de la mitad de los contratos firmados en España sean indefinidos, arrinconando a la tasa de temporalidad a un 17%, dato histórico en nuestra nación.
Los factores económicos no son sencillos de analizar sin observar todo lo que fluctúa a su alrededor. Por ello, si bien la reforma laboral ha traído consigo estabilidad, es indudable que ha perjudicado la creación de empleo en las temporadas de recogida venideras, ya que los trabajadores contratados gozan de un contrato indefinido.
Claro que esta obligación de firmar contratos indefinidos ha empujado a los empleadores a ser bastante más cautos a la hora de dar de alta en la Seguridad Social a nuevos empleados. En resumen, es una reforma que, en el sector netamente agrícola, genera más incertidumbre y desconfianza que empleabilidad. Los empresarios echan en falta un poco más de cintura y vías alternativas dentro de la legislación aprobada por el Gobierno de coalición.
El texto legal, además, no reconoce a las temporadas de recogida para ser enmarcadas dentro del ámbito de contratación temporal, impidiendo así a los empleadores nuevas altas y generación de empleo. La falta de flexibilidad ante factores externos que juegan un peso importante en el sector agrícola, a diferencia de otras ramas de la economía, dibuja un panorama a corto y medio plazo desolador.
En términos numéricos, la agricultura ha firmado más de un millón de contratos en lo que va de este 2023, lo cual significa un 26,9% menos de volumen que en 2022, eso sí, con un 36,2% más de contratos indefinidos. La eterna paradoja que va devorando, bocado a bocado, al campo español.
Pepepelotas
Es lo que tiene cuando las políticas de empleo las dirige una comunista radical, que no ha trabajado en su vida,, con los sindicatos. Se piensan estos inútiles que las reiteradas subidas del SMI no iban a tener consecuencias y espera el día que nos enteremos del paro real escondido dentro de los falsos autónomos.