Nueva 'tormenta' para el sector hotelero en Canarias. El nuevo Gobierno de coalición, presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) y apoyado por Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), estudia aprobar una tasa al turismo en las islas. El Ejecutivo "tomó posesión la semana pasada y no ha podido avanzar en esta medida, pero está en la agenda estudiar su repercusión y comenzar a trabajar", confirman fuentes del Gobierno a Vozpópuli.
No es la primera comunidad autónoma que lo hace. En España, Baleares y Cataluña ya aplican un impuesto en los alojamientos que puede alcanzar los 30 euros en estancias de una semana, según un análisis del buscador de viajes liligo.com. Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca tienen tarifas que van desde los 4 euros al euro por persona y noche, según el tipo de alojamiento y el número de estrellas, lo que permite al Gobierno de Baleares recaudar alrededor de 120 millones de euros al año.
En el caso de Cataluña, este coste extra es diferente según la ciudad. Barcelona es la más cara: cobra 2,25 euros para hoteles de cinco estrellas y apartamentos turísticos, 1,10 euros para los de cuatro y 2 euros para los de tres o menos estrellas. Los apartamentos turísticos pagan una única tasa por persona y noche de 2,25 euros. El resto de la Comunidad cobra lo mismo en los establecimientos de cinco estrellas, pero menos en el resto de categorías.
Un destino "alejado"
Países europeos como Alemania, Bélgica, Italia u Holanda también cuentan con estas tasas, diferentes según la ciudad. Ahora Canarias quiere sumarse a esta tendencia mundial, aunque aún no han dado detalles de cómo se gravaría la actividad hotelera. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua, espera que no tomen una decisión "antes de hablar con las patronales", pues creen que esta tasa les hará "ser menos competitivos" y pondrá "en riesgo la sostenibilidad de nuestra economía".
Mañaricua argumenta que Canarias es un destino de sol y playa más alejado del centro de Europa que muchos otros del Mediterráneo y eso ya implica un sobrecoste en el billete para los turistas: "Cuesta más un vuelo de Alemania a Canarias que a Turquía, estamos a cinco horas", explica el presidente de la patronal. "No es un destino como Barcelona o Baleares, más cercano al centro de Europa y con mejor conectividad. Una tasa nos haría menos competitivos", añade el presidente de la patronal.
1.800 millones recaudados
Además, Mañaricua recuerda que el Gobierno de Canarias ya cuenta con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el IVA de los canarios que grava las entregas de bienes y servicios realizadas en el archipiélago y con el que en 2018 las arcas públicas recaudaron "1.800 millones de euros, 800 millones más que en 2017 (1.000 millones)". Así, la patronal considera que "estos ingresos ya son suficientes para realizar políticas sociales, mucho mayores que los que supondrían una tasa turística", que cifran en 100 millones de euros.
Los hoteleros creen que esta medida podría espantar a los turistas extranjeros que eligen Canarias como destino vacacional, que cada vez son menos por la recuperación de otros destinos competidores del Mediterráneo -como Turquía Egipto o Túnez-, más baratos y con una oferta de sol y playa similar. El número de visitantes de los principales países emisores -Alemania y Países Nórdicos- ha sufrido una fuerte caída, especialmente en Gran Canaria y Fuerteventura.
Un sector perjudicado
El futuro no es más alentador. Según las últimas previsiones de la patronal hotelera Cehat, este verano llegarán a Canarias un 10% menos de viajeros alemanes. Un problema avivado por las aerolíneas, que han reducido en más de 400.000 el número de plazas en los vuelos a las islas, según avanzó este medio y confirmó Cehat. Además, la guerra de precios de las compañías aéreas 'low cost' ha hecho que los visitantes reduzcan el número de días en la estancia, al no sentir la obligación de amortizar el billete.
"Por eso, no es el momento de instaurar una tasa turística", explica Mañaricua. La Comunidad Valenciana también estudia imponer este impuesto, una iniciativa del socialista Ximo Puig que cuenta con la "rotunda" oposición del Partido Popular; así como las ciudades de Sevilla y Segovia, que deben negociarlo con el Gobierno autonómico al ser de su competencia.
