El Gobierno va a proponer a Cani Fernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según adelanta El País y ha confirmado este diario. Hasta ahora, la abogada era asesora en el gabinete de presidencia que dirige Iván Redondo, como adelantó Vozpópuli el pasado febrero. Previamente trabajó durante años en el despacho de abogados Cuatrecasas, donde fue la segunda socia más antigua de la firma y directora del equipo de Derecho de la Competencia.
La nueva presidenta del regulador de los mercados está considerada como una de las mayores expertas en derecho comunitario dentro y fuera de España. La letrada, que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en las filas del bufete, también fue abogada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 1994 y 1997 y es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) y Toulouse School of Economics. Habla inglés y francés.
Hace dos años, Cani Fernández fue premiada por el directorio Chambers con el 'Outstanding contribution to the legal profession' por su acreditada aportación al sector jurídico, siendo la primera mujer en lograr este reconocimiento.
La abogada pidió una excedencia en el despacho antes de incorporarse al Gobierno. Meses antes de su salida, se postuló para ser consejera delegada de la firma, pero finalmente fue nombrado Jorge Badía.
Según fuentes consultadas por este diario, la abogada recibió la llamada de la ministra Nadia Calviño hace apenas una semana. Calviño le comunicó que iba a proponerla como candidata a la presidencia del organismo, si bien todavía necesita obtener el visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados.
Sorpresa en el regulador
La propuesta de nombramiento como presidenta del organismo ha causado sorpresa en el seno de la CNMC habida cuenta de que apenas lleva unos pocos meses como asesora del Gobierno. Se trata de una abogada muy conocida y respetada en el sector y su nombre enseguida se coló en las quinielas para sustituir al presidente José María Marín Quemada. No obstante, su paso por la abogacía privada, donde ha asesorado a muchos clientes con expedientes en el regulador, abre el debate sobre los conflictos de interés que podrían surgir si se confirma el nombramiento.
Para muestra, el reciente expediente sobre las prácticas restrictivas de la competencia de Mediaset España y Atresmedia. Como publica El Español, Fernández fue la abogada de la cadena de Paolo Vasile durante el proceso que se saldó con una multa de 77 millones para ambos grupos.
Aunque se trata de un expediente cerrado, Fernández deberá abstenerse de cualquier deliberación y/o votación vinculada a este tema que pueda celebrarse en el futuro, así como de otros temas que afecten a antiguos clientes durante su etapa en el sector privado.
Hay que recordar que el mandato de la mitad del Consejo de la CNMC había expirado y que se hizo un primer intento de renovación el pasado marzo. Sin embargo, la crisis del coronavirus y el establecimiento del estado de alarma retrasó los planes del Ministerio de Economía.
Entre los miembros del organismo cuyo mandato expiró el pasado septiembre se encuentran el citado Marín Quemada y su vicepresidenta, María Fernández. En este tiempo, ambos han lidiado con algunos asuntos que han levantado polvareda, como son las 'actas' que modificarán las normas del sector eléctrico y gasista español y el citado expediente de las televisiones.
Tras despejar la incógnita sobre el sustituto de Marín Quemada, queda por ver quién presidirá la Sala de Supervisión Regulatoria, que gestiona los sectores de telecomunicaciones, energía, audiovisual y postal; y en la que se encuentra Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Precisamente, Bacigalupo estuvo en las quinielas para presidir el organismo y su nombre fue incluso citado por algunos medios de comunicación. Sin embargo, en conversaciones internas, con varios consejeros, se descartó para el puesto el pasado marzo.
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados llegó a preguntar por la posible idoneidad en caso de que fuera designado. En su respuesta, el Gobierno echó balones fuera y aseguró que la ratificación de cualquier propuesta para el organismo le corresponde a la Comisión de Economía de la Cámara Baja; y, en cualquier caso, su incompatibilidad debería ser probada por la Oficina de Conflictos de Intereses.
