El plan de choque del Gobierno contra la guerra aliviará parcialmente la subida de precios de los carburantes, pero los consumidores seguirán notando el encarecimiento en sus bolsillos. La bonificación de 20 céntimos por litro que aprobará este martes el Ejecutivo en el Consejo de Ministros para todas las familias cubrirá menos de la mitad de la subida en los precios, que ya superan los dos euros por litro en algunas gasolineras españolas como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El litro de gasóleo, el carburante utilizado por el 70% de los vehículos que componen el parque automovilístico en España, tenía un precio de venta al público (PVP) promedio de 1,40 euros en enero de este año, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La semana pasada arrancó a 1,80 euros el litro, según el boletín petrolero de la Unión Europea (UE). Es decir, que en apenas dos meses, el diésel ha subido 40 céntimos, con un crecimiento constante que amenaza con duplicar la cifra de enero de 2021, cuando el litro de gasoil costaba 1,10 euros.
El Estado asumirá 15 céntimos/litro en cada repostaje, mientras que las estaciones de servicio asumirán una rebaja de, como mínimo, cinco céntimos. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, calcula que el coste que asumirá el Estado con esta medida será de unos 1.275 millones en tres meses, teniendo en cuenta que el consumo anual de los consumidores es de 34.000 millones de litros (datos de 2019, Agencia Tributaria). Las petroleras, por su parte, contribuirán con, al menos, 425 millones, según los mismos datos. En total, el coste ascenderá a 1.700 millones.
Los gigantes españoles del sector Repsol y Cepsa ya habían anunciado que elevarán su contribución a diez céntimos, mientras que BP ha anunciado un descuento de 14 céntimos, pero en algunos casos, como el de Repsol, con una duración más limitada, hasta el mes de abril, y restringida a los usuarios de su aplicación móvil. Es decir, que el descuento del que disfrutarán los consumidores en los carburantes dependerá de la estación de servicio en la que reposten pero, en cualquier caso, seguirán pagando más que hace dos meses.
"Para volver al precio de 1,40 euros/litro de enero habrían que hacer un esfuerzo mayor, pero también es una cuestión de lo que se puede pagar, pues los recursos presupuestarios son limitados. Esta medida tiene coste y no es precisamente barata", explica a Vozpópuli De la Torre. El inspector de Hacienda ve con buenos ojos la medida, pues ayudará a reducir el impacto del 'shock' y la inflación (al aliviar los costes de producción de las empresas). No obstante, apunta que "es importante que sea temporal", pues a cambio tendremos un mayor déficit público a final de año.
16.000 millones en medidas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes un gasto 16.000 millones de euros en ayudas directas, bajadas de impuestos y créditos ICO para hacer frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la economía española. No obstante, en realidad el Estado sólo sufragará 6.000 millones, los otros 10.000 millones en créditos ICO que ha anunciado sólo se movilizan, ya que son avales a cargo de la banca.
Además de las ayudas directas en los carburantes, que se suman a las anunciadas ya para los transportistas por unos 1.060 millones, habrá un paquete de casi 500 millones de euros para la agricultura, la ganadería y la pesca, tres de los sectores más afectados por las consecuencias del conflicto bélico. A esto se le añaden 500 millones en ayudas directas a la industria electrointensiva y otros 1.000 millones dedicados a ciberseguridad.
Además, el Ejecutivo subirá un 15% el ingreso mínimo vital y se ampliarán las familias beneficiarias del bono social eléctrico. También limitará al 2% cualquier incremento en el precio del alquiler durante estos meses, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ronda el 8% y, en algunas comunidades, se aproxima al doble dígito. Finalmente, se prohibirá el despido, aunque en este sentido hay más controversia en el seno del Gobierno, entre PSOE y Podemos.
Todo esto se acompaña de una movilización de 10.000 millones de créditos ICO que la banca no ve bien en estos momentos, ya que le llevará a provisionar más. Se trata de 10.000 millones frente a los más de 100.000 que se movilizaron en la pandemia. Además de una batería de medidas de regulación energética que se basan en el pacto alcanzado el viernes en el Consejo Europeo para hacer de la Península Ibérica una isla energética en la que intervenir el mercado.
