Una de las críticas que la Unión Europea realiza sobre el mercado laboral español o el sistema público de pensiones es que es demasiado generoso con las personas que pierden su puesto de trabajo y con los pensionistas. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado a comienzos de siglo, señalaba que España estaba en el pelotón de cabeza, en el grupo de países que lideran Alemania, Luxemburgo, Suecia, Holanda o Noruega. En el otro extremo de la balanza se situaban Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Nueva Zelanda.

En el año 2000, este país tenía el privilegio de 'proteger' a sus desempleados con la cuarta parte de su remuneración cuando estaba trabajando, en su afán porque regresarán a la actividad a la mayor brevedad posible. Veinte años después, la OCDE insiste en el mismo planteamiento para España: la falta de incentivos que favorezcan la búsqueda de un puesto de trabajo y la aceptación de un empleo. La denominada por Eurostat "unemployment trap" de España es de las más bajas de Europa. El aliciente que un parado español tiene para aceptar un nuevo empleo es del 18%: trabajando, ganaría un 18% más de lo que percibe cobrando la prestación por desempleo. La media de la UE era, con datos de 2021, del 22%.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la tasa de cobertura (el tanto por ciento de las personas que estando paradas recibe algún tipo de prestación económica) ascendió a cierre del pasado año al 64,77%. De los 2.837.653 desempleados inscritos en los registrados del Ministerio de Trabajo a cierre del pasado año, 1.838.199 eran beneficiarios de algún tipo de ayuda económica en forma de prestación contributiva, subsidio, renta agraria, subsidio agrario y renta activa de inserción.

El análisis pormenorizado de los datos muestra importantes diferencias entre estar parado en una comunidad autónoma o en otra. En Extremadura, por ejemplo, el 92% de los desempleados recibe algún tipo de prestación económica, De las 82.534 personas que figuraban inscritas en el SEPE al finalizar el pasado año, 75.838 percibían algún tipo de ayuda económica. Es una proporción que está muy por encima de la media nacional.

En Andalucía, la proporción baja al 69,8%. De los 727.097 parados que había a finales de 2002, cerca de 507.000 cobraban algún tipo de prestación por desempleo. Son casi 23 puntos porcentuales menos que en Extremadura, aunque las dos regiones tengan el privilegio exclusivo de percibir la renta agraria y el subsidio agrario.

La percepción contributiva por desempleo se diferencia del subsidio por el tiempo cotizado a la Seguridad Social cuando se estaba trabajando. Mientras que para cobrar la primera se requiere haber cotizado al menos 360 días, para percibir un subsidio basta haber pagado tres meses si se tienen cargas familiares o seis meses si no se tienen. La renta y el subsidio agrario están dirigidas a trabajadores eventuales incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena agrarios residentes en las comunidades de Andalucía y Extremadura.

Los parados con menos protección

Pero hay casos muy llamativos en el reparto de las prestaciones por desempleo. En el extremo opuesto a Extremadura se sitúa el País vasco. Solo el 45% de sus parados percibe algún tipo de prestación; en Canarias sube al 50,6% y en Asturias, al 53,6%.

El caso más excepcional se da en Baleares, donde hay más gente que percibe algún tipo de prestación que gente desempleada: 79.621 perceptores, cuando solo hay inscritos en la lista del SEPE 35.851 desempleados. Es una proporción de 2,2 perceptores por cada parado, circunstancia que no se da en ninguna otra región.

La razón es muy sencilla. Por su peculiar economía, ligada al turismo, la mayor parte de los contratos que se firman en las islas Baleares son de carácter temporal, bajo la modalidad de fijos discontinuos, que fuera de la temporada veraniega dejan de trabajar, pero no figuran en las listas del SEPE como parados registrados, sino como demandantes de empleo con relación laboral. Esta singularidad no les impide cobrar el desempleo siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 360 días en los últimos seis años.

En 2022, el 42,6% de los desempleados de España cobraba una prestación contributiva; el 39,38%, el subsidio de desempleo; un 5,34%, la renta activa de inserción (una prestación de carácter no contributivo destinada a los parados que no perciben otras ayudas y que acrediten especiales dificultades para reincorporarse al mercado laboral); un 4,11% la renta agraria (75.601 personas) y un 4,69%, el subsidio agrario (86.201 personas), aunque estas dos últimas modalidades sólo se circunscriban a Andalucía y Extremadura.

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