Celsa, primer grupo siderúrgico español, lanza un SOS al Gobierno. La compañía de la familia Rubiralta ha formalizado a mediados de noviembre una petición de rescate ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según fuentes consultadas por Vozpópuli, por una cuantía cercana a los 350 millones de euros, si bien podría aumentar en el caso de que la situación se agravase.
A mediados de septiembre, la compañía catalana admitió que había pedido información sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el vehículo de la SEPI constituido para canalizar los préstamos, pero las mismas fuentes explican que no ha sido hasta hace un par de semanas cuando ha hecho la petición formal al fondo de rescate dotado con 10.000 millones. Donde sí ya ha obtenido un préstamo de emergencia ha sido en Reino Unido, donde su filial británica, Celsa UK, ha recibido unos 30 millones de libras procedentes del Gobierno británico.
A nivel global, la compañía da empleo de forma directa e indirecta a algo más de 33.000 personas y opera en países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido. En 2018, últimas cifras disponibles en el Registro Mercantil, Celsa arroja una facturación global de 4.253 millones de euros.
Guerra judicial con los acreedores
A las dificultades financieras de las empresas que han solicitado el rescate, en el caso de Celsa se suma que desde hace unos meses mantiene una guerra judicial con sus fondos acreedores, como ya publicó este diario. En concreto, la empresa mantiene dos frentes abiertos, uno en el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, desvelado recientemente por Expansión, y otro en el número 60, ambos con el objetivo de evitar el impago de deuda y que sus acreedores puedan ejecutar las garantías. El préstamo que ha originado el conflicto asciende a 900 millones y fue suscrito a finales de 2017.
La compañía, que alegó ante el juez un desplome de ingresos provocado por la pandemia, logró que el tribunal aplicase la llamada 'rebus sic stantibus' (estando así las cosas), una regla no incluida en el ordenamiento jurídico español y que solo se ha utilizado en contadas ocasiones por los jueces, ya que permite alterar contratos y obligaciones por causa de fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia. En este proceso, Celsa ha estado asesorada por Cortés Abogados.
Tras este caso, de enorme trascendencia para la comunidad jurídica, otros jueces han aplicado esta cláusula en los últimos meses para permitir cambios en alquileres y otros contratos impactados por el coronavirus. El Gobierno ya ha anunciado que se ha comprometido a regular su aplicación.
Los otros rescates
La petición formal de Celsa se suma a la que recientemente ha hecho Naviera Armas Transmediterránea, adelantada por este diario el pasado 14 de noviembre. En este caso, la compañía ha pedido alrededor de cien millones de euros.
Otra empresa que también ha pedido ayuda al fondo es la asturiana Duro Felguera, que ha solicitado también unos cien millones. Su caso todavía está pendiente de aprobación por parte del Consejo Gestor, al igual que los 240 millones que negocian Halcón Viajes (Globalia) y Ávoris (Barceló) para sellar su fusión. Por ahora, la única empresa que ha recibido la bendición de la SEPI y el Consejo de Ministros ha sido Air Europa, que recibirá 475 millones.
