Ocho exdirectivos y exconsejeros de Banco Popular podrían ser sancionados por falsear las cuentas de la entidad. Entre ellos el expresidente, Ángel Ron, el ex consejero delegado, Francisco Gómez, y el ex director financiero, Javier Moreno, según documentación de la CNMV a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Ha quedado acreditada la intencionalidad de algunos miembros de la alta dirección" de ocultar un "impacto negativo" de 123 millones, expone el informe razonado del supervisor. "Estas comprobaciones vienen a refrendar que la reasignación de las provisiones se realizó de manera consciente e intencionada al haber elegido la muestra de forma conveniente y con objeto de pasar inadvertidas al control del supervisor prudencial y de la firma auditora", añade.
El informe de la CNMV se dirige contra Ron, Gómez y Moreno, además del también ex consejero delegado Pedro Larena; el exsecretario del consejo, Francisco Aparicio Valls; y los exconsejeros Roberto Higuera, José María Arias y Jorge Oroviogoicoechea, además de la propia entidad.
La reasignación de las provisiones se hizo de forma intencionada para esquivar el control del BCE y PwC"
La investigación de la CNMV, que puede dar lugar a multas millonarias, está todavía en fase de inicio de expediente sancionador por "información engañosa" y podría demorarse años ante la existencia de una vía penal por los mismos hechos (en la Audiencia Nacional).
El trabajo del supervisor está firmado por el director de Informes Financieros y Corporativos, Eduardo Manso, y el director general de Mercados, Rodrigo Buenaventura, el pasado 23 de mayo.
Origen de la investigación
El informe razonado de la CNMV tiene como origen la reexpresión de cuentas que hizo Popular en abril de 2017, meses antes de su resolución, bajo la presidencia de Emilio Saracho. El objetivo del supervisor es determinar si el equipo anterior a Saracho -el dirigido por Ron- tapó un agujero de 553 millones al formular las cuentas de 2016.
Una de las primeras conclusiones es que el agujero anunciado entonces se quedó corto y que las presuntas irregularidades afectaron a los inversores, al dar una imagen engañosa del banco.
El informe razonado se centra principalmente en la labor de Gómez y Moreno. Ambos habrían tenido un rol relevante en la decisión de liberar provisiones de créditos problemáticos para tapar otros señalados por el BCE, todo presuntamente sin conocimiento del supervisor y el auditor, PwC.
Además, el consejero delegado habría conocido y fomentado la financiación para la compra de acciones en la ampliación de 2016: "De las conversaciones mantenidas con diferentes directivos del Banco se ha tenido constancia de que se transmitieron instrucciones verbales de manera velada por parte del consejero delegado, D. Francisco Gómez Martín, y otros directivos a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes para que acudieran a la ampliación".
Autofinanciación
La autofinanciación de capital no es irregular, aunque sí lo es contabilizar dicho dinero en las ratios de solvencia. Algo que hizo el banco y de lo que, según la CNMV, fue avisada "la Oficina del consejero delegado", sin que tomara ninguna acción.
