Un coche familiar para viajar de tipo medio con motor diésel o gasolina puede estar hoy en día disponible desde unos 16.000 ó 17.000 euros. Uno equivalente pero con motor eléctrico difícilmente baja, subvenciones al margen, de los 30.000 euros. Los eléctricos pequeños y urbanos más económicos rozan los 18.000 euros, mientras que los de gasolina poco más de 10.000. Está claro que acceder a un turismo eléctrico hoy en día no está al alcance de todos los bolsillos… ni lo estará en los próximos años.

Es uno de los motivos que ha llevado a un total de 16 asociaciones del sector del automóvil y los carburantes a pedir al Gobierno a votar en contra el próximo 28 de junio de la propuesta de la Comisión Europea acerca del reglamento de estándares de emisiones de CO2 que obligaría en poco más de diez años a comprar tan sólo coches eléctricos, asegurando que votar a favor sería "votar contra los intereses de España".

En una nota de prensa conjunta emitida por las asociaciones, entre la que se encuentran la Confederación española de transporte de mercancías (CETM) o la patronal de concesionarios (Faconauto), aseguran que de aprobarse esta regulación supondría la prohibición de la venta de motores de combustión a partir de 2035.

Esto afectaría especialmente a la población más vulnerable y las rentas más bajas, advierten los firmantes, entre ellos también la Confederación nacional de distribuidores de gasoleo (Codigasoil) o la Asociación de transporte internacional por carretera (Astic), que según ellos "reducirá el derecho de los consumidores a una movilidad asequible".

Las asociaciones, incluidas también la Asociación española de proveedores de automoción (Sernauto) o la Asociación de empresas de energías renovables (APPA Biocarburantes), aseguran que apostar únicamente por la electrificación va a generar "zonas de sombra en la España rural y vaciada", haciendo que parte de la población no pueda recargar el vehículo por tener menos acceso a puntos de carga.

Asimismo, recuerdan que en zonas más despobladas se necesita mayor autonomía del automóvil para recorrer largas distancias, al igual que el transporte pesado de mercancías, que funciona con combustible líquido, como aseguran en la nota asociaciones como la Unión de pretoleros independientes (UPI) o la Asociación de terminales de líquidos (ATliq).

Respetar la neutralidad tecnológica

Por otro lado, las asociaciones firmantes, entre las que también se encuentran la Asociación española del bioetanol (Bio-e) o la Asociación española de operadores de productos petrolíferos (AOP), "exigen" que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas.

"Esta prohibición supondrá frenar el desarrollo de los ecocombustibles, combustibles líquidos bajos o neutros en carbono" consideran también la Agrupación española de vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) o la Organización empresarial de logística y transporte (UNO).

También afectaría al empleo, puesto que "prohibir el motor de combustión pondrá en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y distribución como de los componentes de automoción", avisan.

Además de las citadas, completan la lista la Asociación nacional de comerciantes de equipos, recambios, neumaticos y accesorios de automoción (Ancera), la Confederación española de transporte en autobús (Confebus) y la filial española de la european waste-bases & advanced biofuels association (Ewaba España). Finalizan el comunicado recalcando su compromiso con la descarbonización de la movilidad y la economía. Es por ello, dicen, que demandan al Ejecutivo español que escuche a todos los sectores y calibre el alcance de sus decisiones.

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