El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid seguirá los pasos del Ayuntamiento de la capital en materia de energía al incluir, entre los criterios medioambientales del proceso para elegir proveedor eléctrico, la obligación de que la energía provenga en su totalidad de fuentes renovables. El Ejecutivo regional ha puesto en marcha la licitación del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica en los próximos dos años, valorado en algo más de 140 millones de euros.
La Comunidad de Madrid ha incorporado así una condición que no figuraba en el anuncio previo de este proceso, registrado antes del verano, en el que no se especificaba este requisito, lo que parecía indicar que se desmarcaba de la estrategia que había seguido el Ayuntamiento de Madrid cuando la corporación municipal estaba liderada por Manuela Carmena. Sin embargo, en la licitación definitiva, procedente de una Orden de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, sí se hace mención al criterio medioambiental.
A diferencia del contrato municipal, el de la Comunidad de Madrid deja la puerta abierta a la posibilidad de suministrar energía eléctrica procedente de la cogeneración de alta eficiencia. Como estaba previsto originalmente, el contrato está dividido en una veintena de lotes, que se corresponden con las dependencias de las diferentes consejerías y también con centros gestionados por el organismo autonómico, como los hospitales públicos.
A día de hoy, las grandes compañías del sector ya tienen filiales que cuentan con el certificado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que acredita el origen 100% renovable de la energía que comercializan. Un paso que dieron, precisamente, a raíz de la licitación de suministro eléctrico llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid el pasado año que incluyó, por sorpresa, la obligación de contar con dicho certificado.
Marcar tendencia
La medida penalizaba a las grandes del sector, cuyas comercializadoras no garantizaban el origen 100% verde de la energía que proporcionaban, a excepción de Naturgy (aunque tampoco logró finalmente hacerse con uno de los lotes que el Consistorio puso en liza). Los ganadores del proceso fueron las comercializadoras Nexus y Holaluz, que ultima su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Las grandes eléctricas recurrieron el procedimiento ante los tribunales aunque no lograron detenerlo. Los jueces dieron la razón al Ayuntamiento que no solo logró sacar adelante el concurso sino que además ha conseguido marcar tendencia.
Empresas públicas como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) también han empezado a introducir este tipo de criterio en los procesos para elegir suministrador eléctrico, lo que ha obligado a las grandes a crear filiales ex profeso para poder optar a este tipo de contratos.
Como en casos anteriores, la Comunidad de Madrid recurrirá al proceso de subasta electrónica para recibir las propuestas, con vistas a adjudicar el contrato con celeridad, toda vez que se trata de un procedimiento con carácter de urgencia. El acuerdo marco tiene una vigencia de 18 meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante seis más.
