La Comunidad de Madrid cuenta ya con un total de 8.332 autorizaciones para vehículo de transporte con conductor (VTC) concedidas, más de una por cada dos taxis (15.653), muy lejos del ratio 1/30, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Sólo en enero se concedieron 20 nuevas licencias a estos vehículos en Madrid, frente a las siete que se concedieron al sector del taxi. De hecho, más de la mitad de todas las VTC de España están concentradas en la capital y el número no deja de crecer mes a mes.
El Ejecutivo 'popular' aprobó en 2015 a través de un real decreto ley el ratio de 30 taxis por cada VTC. Ante la avalancha de reclamaciones, el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto en junio de 2018, y avaló la proporción 1/30.
Sin embargo, el tribunal se refería a la concesión de nuevas licencias solicitadas tras la entrada en vigor del Real Decreto firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy y no a las que se solicitaron antes de 2015 o las que ya se habían concedido.
Es decir, que prohíbe conceder licencias cuando no se cumpla esta proporción, pero no se pueden expropiar las ya concedidas. Además, el número sigue creciendo constantemente por la vía judicial, como resolución a todas aquellas que se solicitaron antes del 'coto' legal de Rajoy en 2015 y que los tribunales están aprobando ahora.
El grifo judicial, a punto de cerrarse
En este sentido, existe un incremento constante de licencias VTC que no es fruto de la concesión de nuevas autorizaciones administrativas, sino de la cascada de resoluciones judiciales que se están fallando como consecuencia del vacío legal que el sector registró entre 2009 y 2015.
Sin embargo, fuentes del sector indican a este medio que este grifo está a punto de cerrarse y en la capital, donde más solicitudes se resuelven por vía judicial, apenas quedan alrededor de 120 licencias pendientes de resolución en los tribunales.
Por otro lado, las mismas fuentes explican que otro de los motivos que altera la cifra de licencias mes a mes es que 2019 fue "año de visados", pues cada dos años los titulares de las licencias tienen que presentar las documentaciones de licencias y de vehículos para acreditar que siguen cumpliendo con los requisitos. En caso contrario, la Consejería de la comunidad autónoma suspende automáticamente durante un año.
En otros casos, son los propietarios los que solicitan la suspensión voluntaria de la autorización durante un máximo de un año, en ocasiones, para ahorrar costes. "Esto también altera el recuento mensual del Ministerio, pues descuenta las bajas e incluye las que vuelven a estar operativas", sentencian las citadas fuentes.
