Ha pasado algo más de un mes, pero poco han cambiado las cosas. El Gobierno ha convocado una nueva sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para volver a debatir y votar los objetivos de déficit y el resultado ha sido el mismo que el de julio: las comunidades del PP han vuelto a rechazar en bloque los 2.500 millones extra que quiere dar el Ejecutivo a las regiones tras renegociar la senda de consolidación fiscal con Bruselas.
Tras el rechazo del Congreso a finales de julio, la ley obligaba al Gobierno a presentar en menos de un mes una nueva senda de consolidación fiscal, pero el Ejecutivo ha optado por presentar la misma que planteó entonces. Es decir, un desfase del 1,8% para 2019, frente al 1,3% previsto anteriormente; del 1,1% para 2020, frente al 0,5% inicial, y del 0,4%en 2021, frente al superávit del 0,1% que planteó el PP.
La senda propuesta dos veces por el Gobierno supone un margen extra de 6.000 millones que el equipo de Pedro Sánchez había decidido repartir casi por completo entre comunidades autónomas y Seguridad Social, para asegurarse su aprobación. Solo reservó una décima para el Estado. Pero no le salió la jugada en julio y tampoco le ha salido ahora. El PP no ha movido ni un centímetro su posición.
El viernes, al Consejo de Ministros
Aún así, el Consejo de Política Fiscal ha avalado la nueva senda gracias al apoyo de las comunidades en las que gobierna el PSOE, el voto del propio Ejecutivo y el de la Comunidad Valenciana, que el julio se abstuvo pero que ha cambiado el sentido de su voto para poder contar con más recursos en 2019. Pero el apoyo del CPFF no es suficiente. Este viernes, la senda tendrá que aprobarse, de nuevo, en Consejo de Ministros antes de volver a las Cortes, donde pueden volver a surgir problemas.
Y es que el Gobierno ha avanzado muy poco en las negociaciones en el transcurso de este mes. De momento, solo tiene asegurado el apoyo del PNV, la única formación que respaldó los objetivos de déficit el pasado mes de julio. Sigue negociando con Podemos y está abierto a sentarse a hablar con cualquier formación que quiera diálogo, según señalan a este periódico fuentes de Hacienda.
Pero las cosas no pintan demasiado bien. La formación morada envió la semana pasada un documento al Gobierno con sus peticiones para avanzar en la negociación, que pasan, entre otras cosas, por renegociar los objetivos de déficit con Bruselas y derogar la Ley de Estabilidad, dos líneas rojas para el Gobierno. También quieren acabar con las SICAV, limitar las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones y subir el IRPF a las rentas más altas.
Las exigencias de Podemos son complicadas para el Gobierno, que necesita también el apoyo de otros grupos
Las exigencias de Podemos son complicadas para el Gobierno socialista y lo cierto es que el apoyo del partido de Pablo Iglesias no sería suficiente para sacar adelante los objetivos de déficit. Pedro Sánchez necesita también el de otros de los socios que aseguraron la moción que le llevó a La Moncloa.
Si las cosas vuelven a torcerse y el Congreso o el Senado rechazan de nuevo los objetivos de déficit, se tumba automáticamente el techo de gasto, el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2019. En julio, el Gobierno fijó un techo de gasto de 125.064 millones, un 4,4% más que un año antes. En la práctica, las cuentas no se verían muy afectadas, pero el gesto político anticiparía una difícil negociación de cara a los presupuesto y acercaría las elecciones.
