La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado la Ley de Residuos, que votará el Pleno la semana que viene y remitirá al Senado, y lo ha hecho retrasando un año la entrada en vigor de uno de los dos impuestos que crea, el del plástico. Así lo han acordado los grupos, que han votado una enmienda transaccional del PP, a la que finalmente se han sumado el Grupo Socialista y Podemos, que prevé una moratoria de diez meses en la entrada en vigor del impuesto, con lo que su vigencia llegará como pronto el 1 de enero de 2023. El anteproyecto de ley ya preveía que el impuesto entrara en vigor a los tres meses de la publicación en el BOE de la norma. El Gobierno había presentado vetos a enmiendas que finalmente ha retirado.
La probación de esta norma y de sendos impuestos es un compromiso del Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación para el primer semestre de 2022 que ahora deberá postergar.
El impuesto al plástico gravará con 0,45 euros cada kilo de plástico a los envases de este material no reutilizable y está pendiente de implementación desde el 3 de julio, cuando España debería haberse adaptado a la Directiva 2019/904 sobre los plásticos de un solo uso, que prohíbe la comercialización de artículos como las pajitas, los bastoncillos o los cubiertos, vasos y platos de plástico.
El diputado del Partido Popular César Sánchez ha denunciado que en los últimos tres años se han establecido nuevos impuestos y tasas para los ciudadanos y ha defendido que en este momento de recuperación económica lo que menos necesitan las industrias es mayor presión fiscal que, a la larga pagarán los ciudadanos. Sánchez ha señalado que los impuestos incluidos en dicha ley, como el del plástico, repercutirían directamente en los ciudadanos a través del incremento del precio de la cesta de la compra, la más cara por el IPC en las últimas tres décadas.
Impuesto a residuos
La Comisión de Transición Ecológica ha aprobado el proyecto con una mayoría de 20 votos frente a 6 en contra de Vox y ERC y 11 abstenciones (PP, Cs y Bildu). La norma también crea el impuesto a residuos, que gravará el vertido y la incineración de residuos y supone la centralización de los tributos autonómicos. En este sentido, la diputada de JxCat Pilar Calvo ha criticado que el proyecto de ley pretende armonizar el impuesto de residuos a nivel estatal y, aunque ve positivo establecer un impuesto mínimo para todas las comunidades autónomas, considera un "gran agravio para Cataluña" que se proponga retirar el tributo que ya existe en dicha autonomía para someterlo a "la tutela del Ministerio de Hacienda", ya que supone una "recentralización". El Estado deberá indemnizar a las comunidades que lo tuvieran más alto.
