Economía

Una constructora japonesa se impone en el megacontrato de vivienda protegida de Ayuso

Madrid adjudicará a la unión de DeA con Kajima el mayor lote; una fundación catalana se haría con otro, Avintia y Pryconsa pelean por el resto. La mitad de los lotes, desiertos

  • La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita a las instalaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 -

La unión del fondo DeA Capital del holding italiano DeAgostini con la gigante japonesa de la construcción, Kajima Properties, se perfila para hacerse con el mayor de los lotes del nuevo megacontrato de vivienda asequible que ha sacado a concurso la Comunidad de Madrid, el primero de la Legislatura iniciada el pasado mes de junio.

Los citados inversores internacionales apuntan a convertirse en los adjudicatarios del suelo para la construcción y explotación de al menos 223 viviendas en alquiler en la región. Se trataría de la primera gran irrupción en el mercado residencial español por parte de Kajima, una gigante de la construcción de obra pública en Japón, con el respaldo de DeA y su socio financiero, el americano Harrison Street.

El primer Plan Vive de la nueva Legislatura de Isabel Díaz Ayuso se ha visto mediado por las dificultades de financiación ante el alza abrupto de los tipos de interés en Europa, que frenaron la inversión inmobiliaria en España en un 67% durante el primer semestre.

Para ganar atractivo, el Ejecutivo regional amplió el plazo de la concesión para la promoción de 1.912 viviendas en toda la Comunidad hasta los 70 años; ha encontrado potenciales inversores para 899 unidades, un 47% de las licitadas en esta ocasión en toda la región.

Los licitadores podrán contar en su plan de negocio con una ayuda con cargo a los fondos europeos de la Reconstrucción de alrededor del 25% de lo presupuestado, a condición de garantizar la construcción de edificios eficientes. El tope para estas ayudas por vivienda es de 50.000 euros.

DeA y Kajima se aseguran el mayor lote

DeA Capital y Kajima han sobresalido como los nuevos protagonistas del segmento tras irrumpir en esta concesión para la construcción y explotación de vivienda en alquiler a precio limitado durante siete décadas: se harán con el lote 2 correspondiente al municipio de Arganda del Rey, en favor de viviendas de protección pública básica.

También presentaron la oferta mejor considerada en términos técnicos para el lote 9, en Colmenar Viejo, donde compiten con la mejor oferta económica de Pryconsa y Prohabit Metrópolis, Constructora Cardoner, Salas Plushabit y Fundació Privada Salas. Por el lote 2, atendiendo a los pliegos, DeA y Kajima han asumido una inversión que ronda los 25 millones: optan a ingresos por 223 millones a precios nominales y de 107 millones a precios constantes.

También competirá por los lotes 4 y 7 la constructora madrileña Avintia, que venía de presentarse y hacerse con voluminosas adjudicaciones en las dos ediciones anteriores del programa de Ayuso de la mano de la promotora Culmia del fondo Oaktree. En esta ocasión, Avintia Desarrollos Inmobiliarios competirá con la unión de empresarios y funcionarios catalanes por la adjudicación de suelos para la construcción y explotación de 258 viviendas entre Moralzarzal y Daganzo de Arriba.

La unión de Prohabit Metrópolis, Constructora Cardoner, Salas Plushabit y Fundació Privada Salas se llevaría, en suma, el lote 3, que incluye el desarrollo de viviendas a precio de protección básica y de protección pública de precio limitado en Humanes de Madrid y Torrejón de la Calzada.

La asequibilidad de estas viviendas

A estas viviendas podrán optar las unidades de convivencia que reúnan, en su conjunto, un mínimo de 1,5 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a unos ingresos anuales de 10.800 euros. Por un lado, el máximo para las VPPB es de 5,5 veces el IPREM (en torno a 40.000 euros), mientras que para las VPPL, el techo es de 7,5 veces (alrededor de 54.000 euros).

Los pliegos del contrato garantizan a los eventuales caseros la posibilidad de ir renovando los alquileres conforme a la evolución del índice de precios de consumo -la inflación, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos-. Y ello pese a la ley de Vivienda que ha limitado las actualizaciones al 3% en 2024 y ha sujeto los contratos desde 2025 en adelante a un nuevo índice de referencia todavía en fase de estudio por parte de las administraciones.

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