El dictamen del Consejo de Europa sobre la ley de amnistía es determinante tanto para las Cortes como para los tribunales que llevan causas del procés. El informe que emita la Comisión de Venecia, en su condición de órgano consultivo del Consejo, se espera con especial urgencia en el Senado y también será una guía clave en la esfera judicial, de cara a plantear dudas que surjan sobre su encaje constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que su criterio es muy relevante por varios motivos. En primer lugar porque es un órgano que goza de un gran prestigio a nivel universal, no solo porque está compuesto por expertos independientes en derecho constitucional, sino también porque brinda asesoramiento jurídico a todos los Estados miembros, siempre con el foco en la defensa de los valores democráticos.

Y en segundo porque, aunque su dictamen no es vinculante, sí que se podría entender como un "argumento de refuerzo" a la hora de preguntar al Tribunal Constitucional o el TJUE si la norma choca con la Carta Magna. La entrada en vigor de la ley, que el Gobierno prevé aprobar antes de primavera, acarreará que muchos de los tribunales con causas del procés recurran al tribunal de garantías o bien a Europa para que informen sobre su constitucionalidad antes de aplicarla a sus casos concretos.

"No tiene poder, pero sí autoridad"

Así pues, lo que diga al respecto es determinante en tanto puede servir de apoyo ante la cuestión de inconstitucionalidad que podría plantear el Tribunal Supremo. Otras voces consultadas explican que aunque la Comisión no tiene poder, sus dictámenes tienen una alta autoridad y su pronunciamiento puede tener efectos inmediatos también en la esfera política.

La duda, no obstante, reside en los tiempos. El órgano que integran 46 Estados prevé tener sus conclusiones para marzo. Se trata de una de las cuatro citas anuales de esta cámara cuyo nombre oficial es el de Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Sin embargo, el Senado, donde el PP tiene mayoría, ha pedido mayor celeridad para poder contar con su balance antes de ese mes.

La Comisión de Venecia no tiene poder jurídico pero sus dictámenes tienen una alta autoridad. Pueden servir de apoyo ante una previsible cuestión de inconstitucionalidad

El objetivo de los 'populares' es que el dictamen esté listo antes de que la proposición de ley llegue a la cámara alta para pasar allí el trámite. El texto prelegislativo está en el Congreso de los Diputados, donde la semana pasada inició su andadura tras lograr el aval de la mayoría del Pleno. El siguiente paso es su tramitación en la Comisión de Justicia, en la que se analizarán todas las enmiendas al texto.

De esta forma se espera que el trámite sea rápido y que para febrero llegue a la cámara alta. Sin embargo, la mayoría popular en el Senado, que ya forzó la reforma del Reglamento, pretende dilatar su respuesta sobre la polémica norma, lo que ralentizaría su retorno al Congreso de los Diputados y su aprobación final.

Visita del Consejo de Europa a España

En ese periodo la Comisión analizará sus conclusiones jurídicas sobre la norma que anulará todas las causas del procés, además de otras relacionadas con el independentismo catalán. Antes de abordar el estudio, una delegación del Consejo de Europa se trasladará a España para reunirse con autoridades y demás grupos implicados en el asunto. Se prevé que el viaje se realice las primeras semanas del próximo mes de enero.

De esta forma la Comisión que se fundó tras la caída del Muro de Berlín estudiará a fondo el asunto antes de estudiar el contenido de la norma. Sobre su pronunciamiento, las fuentes consultadas se muestran cautas. Si bien es cierto que es un órgano independiente y que no está sujeto a ningún poder político, también lo es que su dictamen puede tener efectos muy importantes sobre todo en el terreno de la política.

De ahí que se prevé que hilen muy fino en su respuesta. Con todo, es doblemente importante porque se tratará del primer órgano europeo en analizar la amnistía. Además, en caso de mostrar alguna opinión contraria a algún precepto de esta ley, que incluye entre los delitos amnistiados el de terrorismo, la misma se incluirá en la cuestión de inconstitucionalidad que previsiblemente plantee el Tribunal Supremo ante el TC o la que se dirija al TJUE.

A este último órgano prevé consultar la Audiencia Nacional en cuanto se publique la ley de la amnistía a tenor de las diligencias abiertas por terrorismo contra Tsunami Democràtic. Precisamente el magistrado Manuel García Castellón imputó a Puigdemont y a la 'número dos' de ERC, Marta Rovira por sus vínculos con la plataforma radical. Al respecto, la ley incluye la amnistía también en sus supuestos, acotándolos a los casos en que, como este, no hay sentencia firme.

La amnistía de delitos de terrorismo es uno de los aspectos más polémicos de los que interesa especialmente conocer el criterio de los órganos europeos y, en concreto, de la Comisión de Venecia. Al hilo otras fuentes entienden que el asunto es de una envergadura tan relevante que el Consejo de Europa podría finalmente retrasar su valoración y no pronunciarse hasta que la ley entre en vigor.

Desde su creación hasta la fecha, la Comisión que lleva el nombre de la ciudad italiana en la que se reúnen se ha pronunciado sobre dos cuestiones que atañan a España. La primera de ellas fue en 2015, al avalar la ley de reforma del Tribunal Constitucional. La segunda fue en 2021 en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. En este caso el Consejo instó a su revisión.

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