El Gobierno afronta un maratón legislativo en el Plan de Recuperación para cumplir sus compromisos con Bruselas que está mostrando su verdadera dimensión en la parte final del año. Y es que en los albores de la presentación y aprobación del Plan en primavera, el Ejecutivo contaba con el viento de cola que suponían las leyes y Decretos-leyes que había incluido en el primer y segundo tramo que ya estaban aprobadas o muy avanzadas. Es el caso de la creación de las tasas Google y Tobin, de los Reales Decretos-leyes 23/2020 y 960/2020 de medidas energéticas y de renovables, de la Ley de Educación, de la del teletrabajo, y de la subidas fiscales que llevan los Presupuestos de 2021, además de la Ley de Riders.
Sin embargo, según ha ido avanzando el año y validadas ya las reformas del primer tramo por la Comisión Europea a cambio de 10.000 millones, de las 60 leyes comprometidas en todo el Plan quedan al menos 40 por sacar adelante y entre 12 y 15 deben estar en vigor antes de junio. Este atasco ha llevado a Pedro Sánchez a convocar dos Consejo de Ministros a la semana, siendo el pasado viernes el primero duplicado que se ha celebrado.
En concreto, el Gobierno debe tener en vigor las reformas laboral y de las pensiones el 31 de diciembre, las dos mayores del Plan, que se desglosan en varios hitos. La reforma de las pensiones acaba de entrar en el Senado y la reforma laboral estaba hasta hace muy poco abierta en canal aunque en las últimas horas no se ha descartado un principio de acuerdo en algunos aspectos. Sea como fuere, la variedad y complejidad de temas que trata indican que la aprobara uno de los últimos Consejo de Ministros del año y que entrara en el BOE como Real Decreto-ley para su entrada en vigor inmediata. Si el Congreso decide tramitarla como proyecto de ley cuando se convalide, habrá incertidumbre sobre el resultado final de la reforma y habrá que ver si es del agrado de Bruselas.
Este problema se plantea en muchas otras que se han aprobado como Decreto-ley y que ahora están en el Congreso, el caso del de interinos, del Ingreso Mínimo Vital o del propio Decreto que trata de quitar barreras legislativas al Plan de Recuperación. Esto no ha impedido que la Comisión Europea acabe de validar el primer tramo para el que están comprometidas. Pero se trata de reformas con una afectación presupuestaria y del marco normativo español menor que la laboral y la de las pensiones.
De entre las 12 leyes, 15 si se tienen en cuenta Reales Decretos-leyes ya aprobados pero en tramitación como leyes, que el Gobierno debe validar hasta junio, además de la reforma laboral y de la primera parte de la reforma de las pensiones, destacan la segunda parte de esta última, que implantará un nuevo sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales, entre otros aspectos que afectarán al cálculo de la pensión y los planes de empleo.
Subidas de impuestos verdes
A su vez, el Ministerio de Asuntos Económicos tiene tres leyes en perspectiva para el próximo año: la Crea y Crece, la de Start Up y la reforma concursal, además de la de telecomunicaciones. A esto se suma la Ley de FP, que entrañará compromisos de creación de plazas. Pero la parte más polémica va a venir de las subidas de impuestos verdes que Hacienda ha comprometido, que suponen una reforma al alza de los impuestos de circulación y matriculación y de gases fluorados. A lo que se suma la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina que iba en los Presupuestos de 2021 y que se cayó en la negociación de enmiendas. El Ejecutivo ha prometido recuperarla para el año que viene pero la crisis energética va a dificultar su tramitación y explicación pública más de lo que ya cabría anticipar.
Otra ley pendiente de aprobación en el primer semestre de 2022 es la de comunicación audiovisual, en la que se enmarca la polémica de la cuota lingüística en plataformas como Netflix. De que se alcancen los hitos marcados hasta junio dependerá que Sánchez pueda liberar el tercer tramo de las ayudas europeas, otros 6.896 millones de euros. Ya en el segundo semestre tendrá que conseguir respaldo suficiente en el Parlamento para otra veintena de leyes y desbloquear así un cuarto tramo de los fondos de hasta 11.494 millones.
España deberá acreditar ante las instituciones comunitarias haber aprobado, entre otras, la ley de Vivienda, la ley de calidad de la arquitectura, la ley sobre propiedad horizontal para facilitar la financiación de la rehabilitación, la de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales, la de Residuos y Suelos Contaminados, la de Ciberseguridad 5G o la del Deporte. Más allá de 2022, los hitos ya están centrados esencialmente en la ejecución de inversiones, donde juegan un papel importante las comunidades autónomas, la disponibilidad de los fondos y la eficacia en la gestión.
Expertos economistas destacan en el Pulse Next Generation EU de EY presentado hace unos días que para reforzar las garantías de respaldo y, consecuentemente, el cumplimiento de las reformas comprometidas con Bruselas, habría sido deseable que el Gobierno hubiera llegado previamente a acuerdos tanto en el ámbito de las Cortes Generales (en Italia, el Plan de Draghi fue respaldado por el 85% del Parlamento), como en el ámbito del diálogo social. Por el contrario, España se encuentra con la dificultad de cumplir los hitos ante un parlamento fragmentado, que no ha participado en la definición del Plan de Recuperación. En este sentido, los expertos destacan el final de legislatura "vertiginoso" que encara Sánchez.
